El sector arrocero dominicano atraviesa horas de profunda inquietud luego de que el Poder Ejecutivo emitiera el decreto 635-26, mediante el cual se eliminan los aranceles que protegían la producción nacional frente a las importaciones del cereal. La disposición deroga de manera directa el decreto 642-24, que fijaba un gravamen del 20% ad valorem sobre los contingentes de arroz procedentes de Estados Unidos.

Para los trabajadores de la tierra y la dirigencia gremial, la medida deja a la producción criolla en un escenario de extrema fragilidad. Marcos Rodríguez, directivo de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), advirtió que el sector carece de la escala y las condiciones para competir en igualdad de términos frente al grano norteamericano. El dirigente alertó que una caída abrupta en la rentabilidad podría empujar a miles de productores a migrar hacia otros cultivos, generando una sobreoferta desordenada en rubros alternativos y poniendo en juego la estabilidad de factorías y suplidores de insumos agrícolas.

Denuncian presiones externas y reclaman explicaciones

Desde Fenarroz no descartan que la anulación del arancel responda a exigencias directas de Washington en el marco del DR-CAFTA. Rodríguez señaló que el sector conoció la disposición semanas después de haber sido firmada el 9 de septiembre por el presidente Luis Abinader, pese a que en reuniones previas en el Palacio Nacional se les había comunicado sobre la existencia de presiones comerciales de Estados Unidos.

Por su parte, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) calificó la decisión como un duro golpe a la soberanía alimentaria y a la economía rural. La entidad recordó que la actividad arrocera sostiene a unos 30,000 productores y sustenta más de 300,000 empleos directos e indirectos en todo el territorio nacional.

Confenagro demandó al Estado clarificar si esta revocación contó con el aval técnico del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), tal como contemplaba el marco normativo anterior, y urgió la conformación inmediata de una mesa de diálogo. A más de dos décadas de la firma del tratado de libre comercio, los agropecuarios insisten en que urge un plan integral de tecnificación, mecanización, crédito oportuno y optimización del riego.

La postura oficial: "No hay abandono"

Frente a la ola de críticas, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, desmintió categóricamente que la administración pública esté dando la espalda al campo. El funcionario defendió que la derogación obedece a una estrategia de Estado fundamentada en el cumplimiento responsable de acuerdos comerciales internacionales.

Espaillat enfatizó que el arroz continúa siendo un pilar innegociable de la seguridad alimentaria dominicana y aseguró que esta adecuación normativa permitirá replantear futuras conversaciones comerciales desde una posición técnica más sólida y conveniente para los intereses de la República Dominicana.