La inminente entrada de arroz estadounidense libre de aranceles al territorio dominicano ha encendido las alarmas en el sector agropecuario de Montecristi. Diversas asociaciones de agricultores, molineros, factorías y trabajadores agrícolas se congregaron en la comunidad de Villa Copa, municipio de Villa Vásquez, para exigir al presidente Luis Abinader garantías y medidas específicas que defiendan la producción nacional frente a lo que catalogan como una competencia asimétrica.

La manifestación unió a parceleros y empresarios de localidades clave como Castañuelas, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez y San Fernando de Montecristi. El eje del reclamo no radica en el rechazo al comercio internacional por sí mismo, sino en la disparidad estructural entre la agroindustria local y los gigantes productores de Estados Unidos, favorecidos por subsidios y tecnologías que reducen drásticamente sus costos operativos bajo el Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA).

Impacto directo en la economía noroestana

El cultivo del cereal representa la columna vertebral del sustento socioeconómico de la provincia. De acuerdo con las cifras expuestas por el productor Rubén Sosa, Montecristi cuenta con unas 311,000 tareas bajo siembra y alrededor de 5,988 agricultores activos, sustentando cerca de 15,000 empleos directos e indirectos y dinamizando más de RD$10,000 millones cada año con una producción aproximada de tres millones de fanegas.

Una contracción prolongada en el sector desataría un efecto dominó sobre el transporte pesado, las casas de insumos, el comercio minorista y los servicios bancarios de la zona. Los agricultores recordaron el precedente de la severa sequía de 2015-2016, episodio que provocó la caída de gran parte del comercio local y obligó a decenas de familias a ceder sus tierras ante entidades crediticias. La provincia, argumentan, carece de un tejido industrial alternativo capaz de absorber la mano de obra desplazada si los campos dejan de ser rentables.

La encrucijada del DR-CAFTA y el marco regulatorio

A nivel institucional, la incertidumbre se ha intensificado tras la derogación del Decreto 693-24, instrumento que fijaba las pautas de control para las importaciones. Marcos Rodríguez, titular de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), enfatizó la necesidad de que el Poder Ejecutivo formalice un esquema sustituto claro y transparente que salvaguarde la inversión local.

Rodríguez rememoró que el presidente Abinader se comprometió de manera directa a liderar el seguimiento a este expediente comercial. "El presidente está claro de lo que significa el sector arrocero en República Dominicana, lo que somos los productores, lo que es la industria y lo que representa para la economía nacional", subrayó el dirigente gremial.

Soberanía alimentaria en juego

Por su parte, Heraldo Suero, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA), elevó el debate más allá de la rentabilidad privada y lo situó en el terreno de la seguridad nacional. "Lo que está en juego aquí es la soberanía alimentaria. No puede entrar arroz importado masivo por las aduanas, porque eso destruye la producción nacional mediante una competencia desigual", sentenció.

El impacto del arroz se extiende a más de 21 provincias del país, involucrando a más de 30,000 productores, generando unos 300,000 empleos directos e indirectos y movilizando entre RD$45,000 y RD$50,000 millones al año. Garantizar la autosuficiencia en el cereal más importante de la dieta dominicana es, para el sector, una línea roja que el país no puede cruzar en tiempos de volatilidad internacional.