El Estado dominicano ha elevado la presión contra las redes dedicadas al contrabando y la falsificación de mercancías. A través del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito —encabezado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón— se acordó intensificar los operativos conjuntos, aprovechando las herramientas del nuevo marco legal que endurece las sanciones corporativas e individuales.

Durante el balance de gestión, Reynoso advirtió con firmeza que la República Dominicana dejó de ser una plaza permisiva para estas prácticas ilícitas. La magistrada subrayó la relevancia de la Ley de Extinción de Dominio (núm. 340-22) —cuya primera sentencia estuvo vinculada a este flagelo— y la entrada en vigor del nuevo Código Penal (Ley núm. 74-25), instrumentos que complementan a la Ley 155-17 contra el lavado de activos al tipificar como delitos precedentes la mayoría de estas maniobras comerciales clandestinas.

Cifras récord en incautaciones e incineraciones

Por su parte, el ministro Sanz Lovatón destacó que la constancia y la alianza con los sectores productivos formales son determinantes para sanear el mercado. Las estadísticas presentadas reflejan que, en lo que va de 2026, las incautaciones han marcado techos históricos, especialmente en el rubro farmacéutico: entre enero y septiembre se confiscaron 67.2 millones de unidades de medicamentos y derivados, superando ampliamente las cifras de periodos anteriores gracias a las labores conjuntas con el Cuerpo Especializado de Control de Combustible (Ceccom). En ese mismo lapso, las autoridades han incinerado un récord de 72.9 millones de artículos adulterados o de contrabando.

De forma consolidada, en el periodo 2020-2026 los cuerpos de seguridad e inspección ejecutaron 53,086 patrullajes y 759 allanamientos, logrando retener más de 270 millones de productos ilícitos. Este inventario incluye:

• 135 millones de unidades de medicamentos adulterados o no regulados.
• 132 millones de unidades de tabaco y derivados.
• 1.5 millones de botellas de alcohol ilegal.
• 330 mil unidades de estimulantes sexuales y clerén.

Un indicador clave de salud pública resaltado en el encuentro es que, desde 2022, el país no registra víctimas mortales asociadas a la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas o de fabricación clandestina.

Nueva mesa operativa y respaldo empresarial

El encuentro contó con el respaldo unánime de los gremios del sector privado, incluyendo a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), los Representantes Importadores de Vinos y Licores Asociados (RIVLAS), Philip Morris Dominicana, Procigar y las asociaciones de la industria farmacéutica y de combustibles. Las entidades empresariales ponderaron las mejoras en la fiscalización portuaria y aduanal, así como el sostenimiento de República Dominicana fuera de la lista de observación del Informe 301 de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual.

Como próximos pasos, se formalizará vía decreto la Mesa Operativa para el Combate del Comercio Ilícito y la Competencia Desleal, y se pondrá en marcha un programa de formación técnica de alto nivel: la Maestría Especializada en Comercio Ilícito y Propiedad Intelectual, coordinada entre el MICM y el Ministerio Público para fortalecer las capacidades de persecución legal y blindar la economía formal.