Cámara de Cuentas detecta graves fallas contables y falta del 73 % de soportes en obras del MEPyD

Una profunda revisión realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a los estados financieros del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) entre 2016 y 2022 sacó a la luz serias inconsistencias en el manejo de los fondos públicos. El informe concluye con una opinión con salvedad, sustentada en que la institución no logró entregar el 73 % de los soportes documentales correspondientes a obras, además de faltar el 61 % de los comprobantes solicitados en cuatro cuentas clave y 30 expedientes de contratación pública que suman RD$68.86 millones.
Durante este sexenio auditado, la cartera estatal movilizó sumas multimillonarias: tan solo en 2022 ejecutó más de RD$2,454 millones, concentrados principalmente en remuneraciones y transferencias de capital. Sin embargo, la ausencia de archivos y justificantes impidió a los fiscalizadores comprobar la totalidad del gasto, limitando su análisis únicamente a los desembolsos que pudieron rastrearse de manera parcial.
Pagos millonarios fuera de registro y deudas añejas
Uno de los focos rojos detectados fue el desembolso de RD$92.59 millones efectuado entre 2018 y 2020 a acreedores que no figuraban en las relaciones oficiales de cuentas por pagar del ejercicio anterior. El monto mayoritario, de RD$37.77 millones, derivó de una sentencia judicial dictada en 2018, mientras que el resto correspondió a obligaciones viejas con organismos internacionales y facturas archivadas entre 2015 y 2017. Para los auditores, la falta de registro previo no invalida la deuda en sí, pero refleja un desorden administrativo que distorsiona la programación presupuestaria.
A este escenario se añade que, al cierre de 2022, el ministerio arrastraba RD$15.56 millones en compromisos pendientes con 61 suplidores por más de tres ejercicios fiscales, lo que representaba casi una cuarta parte del total de sus cuentas por liquidar.
Compras al margen de la ley y contratos cuestionados
El órgano de control identificó violaciones recurrentes a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado. Procesos que involucraron RD$87.03 millones se realizaron sin constancia de que los proveedores estuvieran al día con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ni con la Tesorería de la Seguridad Social. Asimismo, se adjudicaron consultorías por RD$24.21 millones obviando el procedimiento especial exigido por ley.
Llamó la atención el uso de figuras de excepción: una urgencia de RD$15.35 millones para impermeabilizar techos y un contrato de exclusividad de RD$7.2 millones para servicio de almuerzos otorgado a una empresa vinculada familiarmente a una entonces funcionaria de la institución. En el ámbito de las MiPymes, se concedieron ventajas reservadas para este sector —como garantías reducidas al 1 % y adelantos de fondos por decenas de millones de pesos— a contratistas que ni siquiera contaban con la certificación oficial correspondiente.
Equipos desaparecidos e ITBIS indebido
La inspección física arrojó la no localización de mobiliario y equipos tecnológicos valorados en RD$7.99 millones, entre los que se cuentan seis recolectores de datos que nunca funcionaron desde su recepción y cuya garantía de dos años venció sin que mediara reclamo alguno. Para esta pérdida, la Cámara de Cuentas advierte un perjuicio patrimonial que compromete responsabilidad civil y administrativa. Otros activos, como un módulo de centro de datos valorado en RD$5.4 millones, se hallaron en manos o dependencias distintas a las registradas.
Por otra parte, el MEPyD pagó RD$6.79 millones por concepto de ITBIS en licencias de software, un gravamen del cual esos derechos están expresamente exentos según la normativa. A ello se suma la recepción de computadoras portátiles con procesadores de capacidad inferior a las especificaciones licitadas en un contrato de RD$3.45 millones.
La defensa de los exministros
Frente al pliego de observaciones, exministros como Juan Temístocles Montás, Juan Ariel Jiménez y Miguel Ceara Hatton presentaron descargos. La postura recurrente de los exfuncionarios se basó en razones cronológicas, alegando que los hechos señalados no ocurrieron bajo sus respectivas gestiones o que no tuvieron acceso posterior a los archivos institucionales para rebatir con pruebas los reparos.
No obstante, la Cámara de Cuentas ratificó la mayoría de sus conclusiones, recordando que las obligaciones de control interno, archivo y preservación de bienes son de carácter institucional y vinculan a la cadena de mando. La entidad fiscalizadora dispuso un plazo de 25 días hábiles para la remisión de un Plan de Acción Correctivo, en un momento en que la estructura del ministerio se encuentra en transición por los procesos de reforma del tren gubernamental.