El panorama económico chileno atraviesa uno de sus momentos más amargos en el último lustro. Lo que prometía ser una cruzada de reactivación e inversión bajo el mandato de José Antonio Kast se ha transformado en un complejo laberinto de desaceleración y descontento social. Durante un reciente encuentro con hombres de negocios en Santiago, el ministro de Hacienda, Jaime Quiroz, apeló a la calma y a reflexiones espirituales frente al empresariado, intentando disipar las alarmas ante una batería de indicadores que confirman el estancamiento productivo.

Los números no ofrecen tregua. La tasa de desocupación alcanzó un histórico 9,6%, su cota más elevada en más de cinco años, mientras la inversión y la demanda interna mostraron un avance nulo durante el segundo trimestre. La contracción del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en un 0,5% en el primer trimestre y un 0,2% en el segundo, registrando el retroceso más pronunciado desde el choque provocado por la pandemia de covid-19. Con este escenario, el Banco Central chileno recortó su previsión de crecimiento para el año a una franja de entre 0,25% y 0,75%, ubicando a la nación suramericana en los escalones más bajos de desempeño regional.

El impacto del shock energético y el desplome minero

El arranque de la actual administración coincidió con fuertes turbulencias en los mercados globales por el conflicto en Irán y el consiguiente repunte en los precios del crudo. Al no contar con producción petrolera significativa, el gobierno optó por no subsidiar los combustibles para salvaguardar las cuentas públicas. Esta decisión derivó en el bautizado «bencinazo», con alzas acumuladas del 30% en las gasolinas y más del 40% en el diésel, golpeando de lleno el presupuesto familiar, encareciendo la canasta básica e impulsando la inflación interanual al 4,1%.

A este panorama se sumó el desplome del corazón exportador de Chile: la minería del cobre. En agosto, la producción del metal rojo se derrumbó un 17,4% interanual, anotando su peor registro en tres décadas a causa de inclemencias meteorológicas, problemas operativos y una menor concentración del mineral en los yacimientos. Analistas proyectan que este sector podría recuperar terreno el año próximo, pero el golpe fiscal inmediato ha sido contundente.

Ajuste fiscal versus reclamos de la calle

Fiel a su discurso de campaña, Kast aplicó una estricta tijera al gasto del Estado: ordenó una reducción presupuestaria del 3% en los ministerios y canceló programas considerados ineficientes, apostando a que el orden fiscal restablecería la certidumbre. En paralelo, logró la aprobación legislativa de su «megarreforma», un paquete que rebaja gradualmente el impuesto corporativo del 27% al 23% e introduce incentivos a las grandes inversiones privadas.

Sin embargo, la combinación de austeridad y encarecimiento del costo de vida ha pasado una factura política inmediata, situando la desaprobación presidencial por encima del 60%. Para contrarrestar el impacto en los sectores más vulnerables y dinamizar el consumo, el Ejecutivo anunció recientemente un programa extraordinario de empleo de US$1.300 millones, orientado a subsidiar contrataciones y reactivar obras públicas con la meta de generar más de 100.000 plazas de trabajo. El éxito de estas medidas dictará si Chile logra retomar la senda del crecimiento o si la desaceleración terminará devorando los cimientos del programa oficial.