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Comerciantes claman clemencia fiscal ante el vencimiento del plazo para la facturación electrónica

Publicadolun, 16 nov 2026, 12:57 a. m.
Comerciantes claman clemencia fiscal ante el vencimiento del plazo para la facturación electrónica

El proceso de modernización tributaria en la República Dominicana ha entrado en una fase crítica. El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) elevó un llamado urgente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), instando a la administración tributaria a actuar con sensatez, flexibilidad y proporcionalidad, frenando la aplicación inmediata de multas a colmados y pequeñas unidades productivas que aún no han logrado incorporarse al esquema de facturación electrónica.

Antonio Cruz Rojas, presidente de Conacerd, advirtió que una política punitiva afectará de manera directa a los microempresarios y dueños de negocios en zonas rurales y barrios vulnerables. De acuerdo con el dirigente gremial, en estos sectores persisten barreras estructurales de conectividad, limitaciones presupuestarias y un marcado déficit de alfabetización digital que impiden cumplir los plazos con la rapidez exigida.

Un choque entre la ley y la realidad operativa

A pesar de que la administración tributaria habilitó herramientas gratuitas de facturación y extendió horarios de atención remota, las medidas no han bastado para cubrir la totalidad del tejido comercial informal y semi-formal. Cruz Rojas subrayó que exigir una transformación tecnológica de tal magnitud en tiempos reducidos resulta contraproducente, señalando que en otros países de la región la migración completa tomó varios años de acompañamiento continuo sin penalidades severas.

"No es viable someter a miles de pequeños comerciantes a la zozobra y a la amenaza de multas cuando las condiciones estructurales para la adopción aún no están plenamente dadas en todo el territorio", enfatizó el titular de Conacerd, quien aboga por un periodo de gracia y asistencia técnica libre de sanciones.

La postura estricta de la DGII

Por su parte, la DGII ha dejado claro que la Ley 32-23 no contempla nuevas prórrogas tras agotarse el término legal. Con el plazo oficialmente vencido, los contribuyentes que no hayan completado su integración al sistema quedan expuestos a sanciones económicas que van desde los 5 hasta los 30 salarios mínimos.

Las estadísticas más recientes reflejan un panorama dividido:

  • Más de 144,000 contribuyentes operan formalmente bajo la modalidad digital.
  • Cerca del 50% de las micro y pequeñas empresas todavía no habían iniciado el trámite al cierre de la fecha límite.
  • La normativa prevé castigos adicionales como la suspensión de privilegios comerciales e incluso la clausura temporal de locales en casos de reincidencia.

Además del golpe financiero que representan las multas, los negocios que continúen al margen de la plataforma perderán la facultad legal de emitir comprobantes con valor de crédito fiscal, lo que prácticamente los aislará de relaciones comerciales con suplidores formales y empresas de mayor escala.