Lo que inició como una revolución financiera global desde los escenarios de Miami parece haber chocado de frente con la realidad económica cotidiana. Cinco años después de que el presidente Nayib Bukele presentara al mundo su plan para transformar a El Salvador en el primer país con curso legal para el bitcoin, el billete verde estadounidense ha recuperado su hegemonía indiscutible, la aceptación del criptoactivo pasó a ser estrictamente voluntaria y megaproyectos como la futurista "Bitcoin City" y los denominados "bonos volcán" siguen archivados en maquetas digitales.

Un despliegue millonario que no caló en la gente

El andamiaje estatal desplegado en 2021 no escatimó en recursos: se estructuró un fideicomiso público de 150 millones de dólares, se desembolsaron 50 millones adicionales para infraestructura de cajeros y se regaló un bono de 30 dólares a cada habitante para incentivar la descarga de la billetera digital Chivo Wallet. Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció tan pronto los usuarios consumieron el incentivo inicial.

Las cifras en el terreno reflejan una desconexión rotunda entre la narrativa gubernamental y el bolsillo de los salvadoreños. Investigaciones del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana revelaron que el 91.8% de la población no utilizó el activo digital en el último año, y más del 76% admitió jamás haber hecho una sola transacción con este.

El impacto en las remesas —uno de los pilares que supuestamente justificaría la medida al abaratar los costos de envío para la diáspora— resultó marginal. Pese a ciertos incrementos puntuales, el dinero enviado a través de billeteras cripto apenas representó un 0.7% del total de las divisas que sostienen a miles de hogares salvadoreños, los cuales siguen dependiendo masivamente del efectivo y los canales tradicionales.

La lupa del FMI y el repliegue legal

El verdadero punto de inflexión para el proyecto llegó desde los despachos internacionales. Ante las dificultades financieras y la urgencia de acceder a financiamiento externo, la administración salvadoreña pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un rescate de 1,400 millones de dólares condicionado expresamente a mitigar y aislar los riesgos fiscales asociados al bitcoin.

La respuesta institucional fue inmediata aunque discreta: la Asamblea Legislativa reformó la Ley Bitcoin para despojarla de su obligatoriedad, devolviéndole al dólar su lugar como único medio mandatorio de pago y relegando el criptoactivo a un intercambio opcional entre privados. Como parte de ese repliegue, el gobierno transfirió recientemente el control mayoritario de la Chivo Wallet a la firma privada Linguard Labs, desprendiéndose de la gestión directa de una plataforma que arrastró dudas de gobernanza desde su debut.

¿Fracaso monetario o jugada mediática?

Economistas como Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva salvadoreño, coinciden en que, si la meta era masificar el uso del bitcoin como moneda funcional, el experimento no dio el resultado proyectado. No obstante, en términos patrimoniales, las reservas acumuladas por el Estado —que rondan los 7,798 bitcoins equivalentes a unos 636 millones de dólares al valor fluctuante de mercado— han evitado, de momento, un saldo en pérdidas netas, aunque rodeadas de opacidad sobre los orígenes de las compras recientes catalogadas formalmente como supuestas "donaciones privadas".

Por su parte, analistas como Frank Muci, de la London School of Economics, catalogan la medida como una política que acaparó miles de titulares internacionales sin alterar la matriz productiva real del país, donde la verdadera transformación percibida por la ciudadanía radica en la ofensiva de seguridad pública y no en la economía descentralizada. Para los entusiastas del sector, la lección tras este quinquenio es contundente: el dinero no se impone por decreto, y las complejidades de un sistema financiero informal no se resuelven únicamente con descargas en el teléfono.