A partir de esta semana comenzaron formalmente las operaciones de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), entidad estatal encabezada por Teófilo "Quico" Tabar que asume la supervisión directa del sector. Amparada en el artículo 185 de la Ley 86-26, la institución emitió sus primeras resoluciones administrativas para guiar el periodo de transición, consolidando su autonomía técnica y regulatoria desde su sede compartida con la Lotería Nacional en Santo Domingo.

Freno a nuevas aperturas y nulidad de credenciales previas

Dentro de las disposiciones inmediatas, la DGJA dispuso la prohibición total para la apertura de nuevas bancas de lotería, puntos de venta o la instalación de máquinas tragamonedas en establecimientos que no cuenten con las autorizaciones de rigor. Asimismo, se determinó que todos los carnés y credenciales emitidos antes de esta nueva etapa quedan sin efecto legal, siendo válidas únicamente las identificaciones expedidas por la actual dirección ejecutiva.

Para blindar los procesos regulatorios, se conformó un comité provisional de hasta siete técnicos y consultores encargados de evaluar solicitudes y expedientes en curso, los cuales conservan su validez jurídica. Paralelamente, se habilitó el Sistema de Recepción y Atención de Denuncias y Reclamaciones, una vía directa para investigar anomalías como la negativa en el pago de premios, fraudes o la proliferación de locales clandestinos.

Plazo fatal de 30 días y rastreo tecnológico

La ofensiva regulatoria también alcanza a los desarrolladores de software y plataformas operativas. La DGJA otorgó un plazo improrrogable de 30 días para que todos los operadores remitan la información completa sobre sus programadores, proveedores y sistemas digitales. Esta medida busca integrar tanto a concesionarios como a federaciones del sector en un esquema unificado de detección de irregularidades, el cual se complementará con un portal web para tramitar servicios y consultas de expedientes en línea.

Cruce de datos con la DGII y advertencia de clausuras

En el plano fiscal, la DGJA transferirá de forma provisional la base de datos de bancas de lotería y apuestas deportivas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esta acción tiene como objetivo cruzar información tributaria y finiquitar la depuración del sector pendiente desde 2023.

Por último, la resolución otorga una ventana extraordinaria de 30 días para que los propietarios declaren de forma voluntaria aquellos establecimientos que operan al margen de la ley, casos que serán ponderados por una Mesa Técnica especializada. Las autoridades advirtieron que cualquier negocio de apuestas instalado de forma irregular fuera de los plazos establecidos enfrentará clausuras inmediatas e investigaciones administrativas de rigor.