El debate en torno al arroz dominicano frente a las normativas del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) se encuentra en un punto crítico. Tras alcanzarse el límite temporal fijado para el desmonte arancelario a inicios de 2025, el sector agropecuario nacional afronta una encrucijada donde convergen presiones de rentabilidad, compromisos multilaterales y la necesidad de modernización técnica.

Frente a este escenario, el economista y exembajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Luis Manuel Piantini, sostiene que la salida a largo plazo no radica en obstaculizar las normas del tratado, sino en transparentar los flujos de importación y ejecutar inversiones estratégicas para disparar el rendimiento en el campo dominicano.

Subsidios actuales y la urgencia de infraestructura

De acuerdo con Piantini, la noción de que los arroceros locales carecen de respaldo estatal no se corresponde con la realidad presupuestaria. El Estado dominicano ya otorga importantes ayudas directas e indirectas que abarcan el programa de pignoración, la exención de pago por el uso de agua para riego, combustibles subsidiados, asistencia técnica y créditos preferenciales —muchas veces a tasa cero o negativa en términos reales— mediante el Banco Agrícola.

Para el analista, el verdadero salto competitivo vendrá de la infraestructura hídrica y productiva. Proyectos como la presa del Alto Yuna, con un costo estimado cercano a los US$350 millones, tendrían el potencial de incrementar los rendimientos por encima de un 30%, reduciendo la brecha estructural de costos frente a los competidores externos.

Distorsiones en el mercado e incongruencias comerciales

Uno de los puntos más críticos señalados es la distorsión que sufrió el mercado local durante 2024, cuando ingresaron al país unas 223,000 toneladas de arroz procedentes de Sudamérica y Asia sin la aplicación del arancel del 99%. Este volumen se comercializó a precios inferiores a los costos locales, perjudicando de forma directa al productor dominicano sin que en su momento se generara una reacción proporcional del sector, comprometiendo además eventuales solicitudes de salvaguardias ante la OMC.

Asimismo, se recuerda que los mecanismos del DR-Cafta prohíben expresamente el establecimiento de licencias discrecionales de importación como barrera no arancelaria.

Riesgo latente para las exportaciones y zonas francas

Cualquier intento de desatender de manera unilateral los compromisos suscritos bajo el DR-Cafta acarrearía represalias directas sobre otras ramas de la economía nacional. Sectores clave como la cuota azucarera y las zonas francas —que concentran más de 200,000 empleos directos— quedarían vulnerables ante posibles sanciones comerciales de los socios del bloque.

Especialistas coinciden en que la vía diplomática y técnica sigue abierta: República Dominicana puede sentarse con Estados Unidos apelando a las asimetrías de mercado, la Ley Agrícola estadounidense (Farm Bill) y los artículos 34 y 37 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para articular acuerdos bilaterales y complementarios sin romper la institucionalidad del convenio.