La inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal en la República Dominicana marcará un punto de inflexión para el sector productivo nacional. Durante la apertura del Encuentro Industrial “Nuevo Código Penal: Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, subrayó que la pieza legislativa consolidará la institucionalidad y la competencia leal, pero demandará a las empresas prepararse rigurosamente ante la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Brache enfatizó que dejar atrás una legislación con más de un siglo de vigencia implica asumir un nuevo paradigma de gestión de riesgos en las organizaciones. En ese sentido, advirtió que no bastará con exhibir manuales de cumplimiento o protocolos formales en papel; la mitigación de contingencias penales exigirá una cultura corporativa activa, auditorías internas constantes, canales de denuncia anónimos e investigaciones eficaces, abriendo además interrogantes sobre el alcance y la adaptación que deberán implementar las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Un cambio de época en la justicia penal dominicana

El evento contó con la disertación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien aseguró que la reforma trasciende una simple modificación normativa y constituye una transformación profunda en el marco procesal del país. La magistrada expuso que el sistema penal dominicano da un salto definitivo al desprenderse de las ataduras del Código Napoleónico de 1884 para abrazar las corrientes contemporáneas de la imputación objetiva.

Reynoso detalló que el proyecto introduce más de 70 nuevos tipos penales, abarcando conductas críticas como los ciberdelitos, las infracciones ambientales complejas y la trata de personas. Asimismo, contempla el endurecimiento de sanciones con penas de hasta 40 años para delitos de extrema gravedad y un régimen acumulativo que puede alcanzar los 60 años de reclusión, además de una tipificación más severa y autónoma contra la corrupción administrativa, el desfalco, el cohecho y el peculado.

Durante un panel de discusión moderado por Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, la procuradora general respondió inquietudes del liderazgo industrial sobre la aplicación práctica del texto, concluyendo en la necesidad de que el sector empresarial asimile estos cambios sustentados en el principio de legalidad, culpabilidad e intervención mínima del Estado.