Filtración bancaria destapa préstamos por más de US$1,000 millones para obras cuestionadas en República Dominicana

Una profunda filtración de más de 15 millones de documentos internos de la entidad financiera Deutsche Bank ha puesto al descubierto un complejo entramado de préstamos otorgados desde su sede en Madrid hacia la República Dominicana. Entre los años 2009 y 2016, la institución crediticia estructuró y canalizó más de 1,000 millones de dólares hacia al menos 12 proyectos de infraestructura estatal en el país, muchos de los cuales terminaron envueltos en investigaciones judiciales por sobornos, sobrecostos y abandono de obras.
El despliegue de estos capitales estuvo dirigido prioritariamente a contratos asignados a firmas españolas e internacionales —frecuentemente avaladas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce)— en obras que van desde el transporte público hasta la salud y el suministro hídrico.
Un catálogo de sobrecostes y promesas a medias
El desembarco de estos financiamientos abarcó proyectos emblemáticos que sufrieron tropiezos severos y prolongados conflictos legales:
- Merca Santo Domingo: Iniciado tras un convenio de crédito suscrito en 2001 por más de 143 millones de dólares con el consorcio Mercasa-Incatema, el proyecto acumuló millones en sobrecostos que posteriormente derivaron en pesquisas en la Audiencia Nacional de España.
- Carretera Casabito-Constanza: En 2009, la entidad bancaria aportó 20 millones de dólares para la reconstrucción de esta vía adjudicada a Odebrecht, obra que años después presentaba grave deterioro y denuncias de sobrecostes.
- Sector salud y transporte: Se financiaron los hospitales de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar (138.6 millones de euros), la Línea 2 del Metro de Santo Domingo (256 millones de dólares), líneas de transmisión eléctrica Santo Domingo-Santiago (134.4 millones de euros) y una planta depuradora en el río Ozama (60.8 millones de euros).
- Proyectos críticos sin concluir: La presa de Guaigüí y el acueducto Higüey-Bávaro (este último valorado en 93.7 millones de dólares), adjudicados a consorcios domínico-italianos, derivaron en disputas judiciales, pérdidas financieras y un impacto directo en las comunidades que aún sufren por un suministro deficiente.
El nexo local: pagos millonarios a consultor del caso Super Tucano
Uno de los ángulos más comprometedores de los expedientes confidenciales atañe a la contratación del empresario dominicano Daniel Aquino como consultor de desarrollo de negocios (BDC) para la filial de Madrid. Entre 2002 y 2016, Aquino percibió más de 2.5 millones de dólares en honorarios por facilitar la negociación y el cierre de créditos de exportación.
Pese a que una auditoría interna en 2010 advirtió sobre la falta de transparencia del vínculo y alertó sobre los riesgos de operar con intermediarios en jurisdicciones vulnerables a prácticas delictivas, la entidad mantuvo los desembolsos. La relación contractual concluyó formalmente a inicios de 2016, año en que Aquino fue arrestado por el escándalo de sobornos de los aviones Super Tucano. Pese a ello, pocos días después de su detención, la filial española autorizó un pago adicional por 115,657 dólares.
La sombra sobre Punta Catalina y el "Proyecto Alderaan"
La influencia del consultor local también alcanzó el financiamiento de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. La entidad bancaria estructuró, en conjunto con otros organismos internacionales, un crédito sindicado por 632 millones de dólares para la planta adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht, Tecnimont e Ingeniería Estrella.
Ante el arresto de Aquino, el banco abrió en 2017 una indagatoria interna bautizada en clave como "Proyecto Alderaan". Registros de llamadas corporativas evidenciaron que el consultor dominicano fungía como un canal directo con el Ministerio de Hacienda dominicano, actuando en la práctica como un representante de facto del banco en el terreno. La investigación fue archivada en marzo de 2018 sin detectar faltas administrativas internas; no obstante, pesquisas periodísticas internacionales revelaron con posterioridad transferencias opacas por más de 39 millones de dólares operadas por la constructora brasileña alrededor de la central eléctrica de carbón.