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La banca dominicana reconoce la amenaza climática, pero posterga su medición en las carteras de crédito

Publicadomar, 17 nov 2026, 4:56 a. m.
La banca dominicana reconoce la amenaza climática, pero posterga su medición en las carteras de crédito

El sistema financiero dominicano se encuentra frente a una encrucijada estratégica: tiene plena conciencia de la amenaza que representa el cambio climático para sus balances, pero todavía carece de las herramientas técnicas para cuantificar con precisión el impacto financiero en su cartera de préstamos. De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales de la Superintendencia de Bancos, respondida por las 45 entidades de intermediación financiera que operan en el país, el 86.67 % de las entidades —que concentran el 98.51 % del crédito total— reconoce formalmente que los factores climáticos conllevan un impacto material; no obstante, el 88.89 % de ellas admite que esta consideración aún no incide en la calificación de riesgo de sus clientes.

Esta discrepancia evidencia una banca en fase de transición que observa la tormenta en el horizonte, pero no ha adaptado su estructura operativa para mitigar los posibles siniestros. Actualmente, apenas 11 entidades (24.44 %) cuentan con un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) en funcionamiento, la misma cifra registrada dos años atrás. Aunque las políticas en fase de formulación crecieron con fuerza al pasar de 6.98 % a 48.89 %, la gobernanza corporativa todavía muestra vacíos preocupantes: en 17 entidades el riesgo ambiental no se debate en ningún comité formal y únicamente una institución ha elevado el tema a su Comité de Auditoría.

Un punto ciego en la recolección de datos y garantías

El desafío más apremiante radica en la gestión y captura de información técnica. Apenas seis entidades financieras (13.33 %) documentan de manera sistemática las pérdidas provocadas por fenómenos climáticos, y solo una cuantifica financieramente el daño por sector económico. Paralelamente, el 64.44 % no clasifica o etiqueta sus créditos verdes en su plataforma central (core bancario), lo que impide establecer con rigurosidad la frecuencia y severidad de los eventos extremos sobre la cartera crediticia.

Esta ausencia de métricas incide directamente en los sectores más expuestos. Dos tercios de los intermediarios financieros (66.67 %) identifican a la agropecuaria y a la construcción como las actividades más vulnerables frente a las variaciones del clima. El crédito agropecuario superó los RD$ 132,415 millones al cierre de 2025, representando casi el 10 % de la cartera comercial del país. Si bien la morosidad en este segmento ronda un saludable 0.8 %, dicha cifra evalúa el comportamiento histórico, mas no anticipa el impacto de futuras sequías prolongadas o ciclones tropicales severos.

Umbrales desalineados y el reto de las mipymes

La cobertura del análisis ambiental presenta otra limitación estructural: de las entidades que aplican el protocolo SARAS, siete han fijado umbrales de activación que oscilan entre RD$ 15 y RD$ 88 millones. Esta barrera deja por debajo del radar de evaluación ambiental a los pequeños y medianos productores agrícolas, así como a las mipymes turísticas o comerciales ubicadas en zonas costeras de alto riesgo hidrometeorológico.

Frente a este escenario, surgen señales positivas que apuntan a una modernización voluntaria. Cerca del 68.89 % de las instituciones planea alinearse con la Taxonomía Verde Nacional y el 80 % la considera un instrumento idóneo para calibrar sus riesgos. Sin embargo, para que esta voluntad se traduzca en resiliencia real, los especialistas coinciden en que la banca debe acelerar la georreferenciación de sus garantías reales, estructurar listas de verificación accesibles para pequeños deudores y coordinar con los reguladores y organismos meteorológicos el desarrollo de pruebas de tensión climáticas que resguarden la solidez patrimonial del sistema.