El Ministerio de Trabajo desplegó una contundente ofensiva de fiscalización en comercios y plazas propiedad de inversionistas de origen chino, logrando la inspección de 101 establecimientos y la emisión de 1,016 actas de advertencia y sanción. El titular de la institución, Eddy Olivares Ortega, reveló además que las autoridades dispusieron el cese inmediato de operaciones en 24 de estos negocios tras constatar escenarios de riesgo inminente que comprometían la vida y la salud de los trabajadores.

La jornada de supervisión, que se extendió durante ocho días continuos, abarcó puntos neurálgicos del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey. Durante las revisiones técnicas salieron a relucir graves inconsistencias vinculadas a la retención de derechos adquiridos, el desconocimiento de las jornadas de descanso y la evasión de pagos por horas extras y beneficios anuales.

Prácticas abusivas y vulneración de derechos adquiridos

Entre los hallazgos más alarmantes presentados por las autoridades destaca una maniobra recurrente para evadir compromisos prestacionales: 91 de los 101 establecimientos desvinculaban sistemáticamente a su personal antes de cumplir los tres meses, bloqueando con ello la acumulación legal de cesantía y vacaciones.

Asimismo, las actas levantadas evidenciaron las siguientes irregularidades:

• Descanso semanal: 53 comercios negaban el día libre obligatorio a sus empleados.
• Bonificaciones: 52 locales incumplían con el pago de la bonificación de ley.
• Jornadas extraordinarias: 37 negocios omitían la remuneración por horas extras laboradas.
• Cuota de mano de obra: 33 empresas violaban las disposiciones del Código de Trabajo sobre la nacionalización laboral, que regula la proporción obligatoria entre colaboradores dominicanos y extranjeros.

Condiciones de riesgo y clausuras preventivas

En lo relativo a la seguridad y salud ocupacional, 53 establecimientos operaban en franca violación a las normativas de protección básica. Amparados en la Resolución 04/2007, los inspectores procedieron a la paralización temporal de 24 comercios debido a que el entorno laboral representaba un peligro directo para la integridad física de sus colaboradores.

Geográficamente, el peso del operativo se concentró en el Distrito Nacional —especialmente en arterias comerciales como la avenida Duarte, Villa Consuelo, Villa Francisca y Mejoramiento Social—, donde se revisaron 54 comercios, se emitieron 546 actas y se ejecutaron 13 cierres. En los municipios Santo Domingo Este, Norte y Oeste se inspeccionaron 34 locales con un saldo de tres clausuras y 302 actas; mientras que en la región este (San Pedro de Macorís e Higüey) se visitaron 13 establecimientos, registrando ocho paralizaciones y 168 actas.

El balance global arrojó 974 actas de apercibimiento y 42 actas de infracción formal. Olivares enfatizó que la aplicación de las leyes laborales en la República Dominicana es irrestricta y obligatoria, advirtiendo que las fiscalizaciones continuarán en todo el territorio nacional sin distingo del origen o nacionalidad del capital inversor.