Entre los cerros y yacimientos que componen el corazón minero del país, la provincia Sánchez Ramírez enfrenta una realidad económica paradójica: genera miles de millones de pesos en riquezas minerales, pero el retorno financiero hacia sus comunidades se queda drásticamente rezagado. Entre 2015 y 2025, el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez (Fomisar) debió recibir aproximadamente RD$14,982 millones correspondientes a la explotación de oro en Barrick Pueblo Viejo. Sin embargo, en esa década solo se le transfirieron RD$2,699 millones, dejando una brecha acumulada que supera los RD$12,283 millones.

Un mecanismo legal desvirtuado en la práctica

El marco normativo nacional, amparado en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (No. 64-00) y la Ley No. 91-05 que rige a Fomisar, dispone que los municipios donde se extraen recursos no renovables reciban el 5 % de los beneficios netos generados por la actividad. Aunque el espíritu de la ley planteaba que estos recursos pasaran casi directamente a impulsar proyectos locales, en la práctica administrativa el dinero ingresa a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se deposita en la Tesorería Nacional y se diluye en la Cuenta Única del Estado.

En consecuencia, el aporte que percibe la provincia no responde al porcentaje legal sobre las utilidades reales, sino a una cuota fija estipulada de manera discrecional en el Presupuesto General del Estado cada año. Aunque en la última década la asignación anual escaló de RD$50 millones a montos que rondan los RD$450 y RD$500 millones, los analistas locales señalan que las entregas apenas rondan entre el 1 % y el 2 % de las ganancias estimadas de la minera.

El debate entre retención estatal y desarrollo local

Académicos e investigadores de la zona han calificado esta retención como una traba al bienestar regional. Rafael Eugenio Robles, docente e investigador de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), ha advertido sistemáticamente que el Estado retiene recursos indispensables para la demarcación. Por su parte, Luis Humberto Vargas, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), subraya que el diseño original de este fondo —fruto de acuerdos históricos impulsados en su momento por la Iglesia católica— buscaba impactar directamente a las comunidades campesinas perjudicadas por los yacimientos.

Frente a estos reclamos, la presidencia de Fomisar, encabezada por Arquímides Matías Viloria, reconoce la brecha pero aclara que los fondos desembolsados se manejan rigurosamente mediante planes operativos anuales y licitaciones para aceras, contenes, escuelas, canchas e infraestructuras prioritarias consensuadas con las comunidades y las alcaldías. No obstante, admite que si se cumpliera a cabalidad con el 5 % íntegro, Sánchez Ramírez tendría total autosuficiencia para cubrir sus demandas comunitarias sin requerir auxilios financieros extraordinarios del Poder Ejecutivo.

El auge del oro y la presión por renegociar

La controversia cobra mayor urgencia a la luz de los recientes récords económicos del sector extractivo. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la minería dominicana alcanzó utilidades netas superiores a los RD$56,286 millones, elevando su rentabilidad casi al 48 %.

Con un precio internacional del oro que ha tocado máximos históricos, economistas y sectores sociales insisten en la necesidad de revisar los contratos mineros con Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Entre las propuestas destaca la inclusión de cobros específicos sobre otros metales presentes en el doré —como la plata—, esquemas de escalamiento automático de regalías cuando suba la cotización global y un nuevo marco legal que garantice que la riqueza del subsuelo transforme de forma tangible las condiciones de vida de la población en el Cibao Oriental.