Lo que inició a finales de 2021 como una medida de alivio puntual y transitoria frente al encarecimiento del crudo tras la pandemia del COVID-19 terminó convirtiéndose en una asignación presupuestaria recurrente y millonaria para el sector transporte. A través de convenios suscritos entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Estado dominicano ha canalizado más de 9,000 millones de pesos en subsidios de gasoil, sin que a la fecha medien auditorías públicas ni fórmulas técnicas que justifiquen el constante incremento de las partidas.

El acuerdo fundacional, firmado en septiembre de 2021 bajo la gestión de Víctor «Ito» Bisonó en el MICM, contemplaba inicialmente una partida de RD$304.9 millones distribuidos en cinco meses con un tope mensual de RD$61 millones para 14 federaciones. Sin embargo, en marzo de 2022, lejos de extinguirse el beneficio, se formalizó una extensión que ha dado paso a por lo menos ocho adendas consecutivas. Bajo un argumento invariable sobre la inestabilidad internacional que ha trascendido a cuatro directores del Intrant, el tope mensual se disparó primero a RD$105 millones, luego a RD$136 millones y posteriormente rebasó la barrera de los RD$250 millones mensuales.

Concentración de recursos y vínculos políticos

El esquema de distribución de los fondos evidencia una marcada disparidad. Más del 70% de la totalidad del combustible subsidiado se ha concentrado de manera sostenida en apenas tres agrupaciones: la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) y la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano).

Las dos entidades más beneficiadas están lideradas por figuras centrales del Congreso y del oficialismo: Conatra es presidida por Antonio Marte, senador por la provincia Santiago Rodríguez y aliado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que Fenatrado está bajo el mando de Ricardo de los Santos, actual presidente del Senado de la República y representante de Sánchez Ramírez. Entre ambas entidades han absorbido la porción mayoritaria del subsidio, registrando incluso alzas en sus cuotas porcentuales —Conatra escaló hasta un 33.3% del total general—, en contraste con Fenatrano, encabezada por el opositor Juan Hubieres, cuya participación se redujo a un 13.1% tras sucesivas modificaciones que agregaron a nuevas federaciones a la nómina del beneficio.

Fondos públicos sin fórmula técnica explícita

El mecanismo operativo establece que el MICM transfiere los fondos a distribuidores mayoristas habilitados mediante el Sistema Integrado de Gestión Financiera, mientras que el Intrant valida las facturas frente a los topes fijados antes del desembolso a los choferes afiliados. Pese a este procedimiento administrativo, los documentos oficiales no transparentan parámetros técnicos verificables: no constan registros de tamaño de flota, número de choferes activos ni volumen real de pasajeros o carga transportada que sustenten por qué una entidad recibe una proporción específica frente a otra.

Asimismo, el financiamiento del programa experimentó una mutación sustancial en sus orígenes fiscales. Mientras el contrato de 2021 consignaba el gasto bajo la cuenta de recursos externos y apoyo presupuestario internacional, a partir de marzo de 2022 la carga se trasladó de manera directa al «Fondo General» de la nación. Esta transición significó que el subsidio pasó a ser cubierto íntegramente con los ingresos tributarios recaudados de los contribuyentes, institucionalizando una subvención emergente como un compromiso fiscal fijo sin evaluación de impacto ni fecha de término.