El sector arrocero de la República Dominicana atraviesa uno de sus momentos más determinantes. Tras una esperada reunión en el Palacio Nacional con una comisión gubernamental encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, los líderes del sector productivo salieron con un balance desalentador: las ocho medidas anunciadas por el Estado resultan insuficientes para frenar el impacto del desmonte arancelario que ya permite la libre importación del cereal.

Para los cosecheros y procesadores, la propuesta oficial esquiva el problema medular: la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones frente al grano subsidiado que entra sin tributos al mercado local.

Un golpe a la competitividad y la soberanía

Al concluir la mesa de trabajo, las reacciones de los principales gremios reflejaron una profunda inquietud por el futuro de la producción nacional. Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), advirtió que los trabajadores del campo se retiran sin respuestas reales a su vulnerabilidad.

"Hoy nos vamos bien preocupados, porque las medidas no llenan el vacío de nosotros ser competitivos. Si el arroz va a entrar al libre mercado sin una salida de renegociación, nosotros estaremos desapareciendo", sostuvo Rodríguez.

Por su parte, Heraldo Suero, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), enfatizó que el trasfondo de esta encrucijada trasciende lo financiero y toca directamente la seguridad de la nación. Señaló que el arroz criollo debe considerarse un activo innegociable, enviando un mensaje directo a los socios comerciales internacionales, en especial a Estados Unidos, sobre la necesidad de acuerdos bilaterales que reconozcan la soberanía alimentaria dominicana.

Las ocho disposiciones presentadas por el Gobierno

El ministro Andrés Bautista defendió la estrategia oficial, asegurando que el objetivo es respaldar un rubro vital para el sustento de miles de familias rurales mediante una inyección integral de recursos técnicos y financieros. Las disposiciones presentadas abarcan:

• Fondo especializado de financiamiento: Creación de un fondo para productividad y sostenibilidad con tasas preferenciales orientadas a pequeños y medianos parceleros, además de una mayor cobertura del seguro agropecuario.
• Mejora genética y certificación: Ampliación del programa de certificación de semillas e introducción de variedades de alto rendimiento por hectárea.
• Investigación aplicada: Fortalecimiento del área científica agrícola de la mano del sector privado.
• Asistencia técnica directa: Implementación de acompañamiento especializado y focalizado a nivel de finca.
• Infraestructura hídrica: Rehabilitación y optimización de canales de riego, drenajes y un plan nacional de nivelación de suelos.
• Caminos vecinales: Construcción y mantenimiento intensivo de vías de acceso interparcelarias en las zonas de cultivo.
• Mecanización y fertirrigación: Priorización del parque de maquinaria agrícola y programas exclusivos de fertirrigación para el cultivo arrocero.
• Transparencia comercial: Revisión integral de los criterios de comercialización (pesaje, tara y humedad), respaldada por compras directas a través de los programas sociales del Estado.

A pesar del catálogo técnico y de infraestructura presentado por las autoridades, los productores insisten en que la inversión en productividad requerirá años para madurar, mientras que la presión de las importaciones a tasa cero ya golpea de manera inmediata las fincas dominicanas.