De «La Playita Prohibida» de Aljadaqui al reclamo inalienable: nuestras costas son de todos
Por: LG - La Zona
La música popular dominicana siempre ha fungido como un espejo fiel de nuestras tensiones sociales y aspiraciones colectivas. Esta semana, la emblemática agrupación Aljadaqui, liderada por Mariano Lantigua, presentó su más reciente sencillo: «La Playita Prohibida». La pieza musical encuentra su génesis en un episodio recurrente en el ecosistema digital criollo: el enésimo altercado viral por el uso de sillas y sombrillas en las arenas de Juan Dolio.
No obstante, en un ejercicio de notable madurez compositiva, Lantigua eludió el panfleto quejumbroso para transmutar el agravio en una historia de romance caribeño.
El producto es una propuesta fresca, dotada del sello inconfundible de la banda, que invita al disfrute sin renunciar a la agudeza contextual. Sin embargo, tras la cadencia rítmica y el idilio estival, la historia detrás del tema obliga a la sociedad dominicana a retomar una discusión inaplazable: la privatización de facto de nuestros litorales.
El síntoma de una exclusión sistemática
El incidente que detonó la creatividad de Aljadaqui dista de ser un hecho aislado; es el síntoma de una problemática estructural. Desde las costas de Juan Dolio y Cabarete hasta los enclaves de Las Terrenas y Macao, la ciudadanía experimenta con creciente frecuencia un ambiente de hostilidad en sus propios espacios naturales.
Emprendimientos particulares, complejos hoteleros y asociaciones informales de alquiler han consolidado esquemas coercitivos en los que el dominicano de a pie es tratado como un intruso dentro de su propio territorio.
Frente a esta distorsión, conviene recordar con absoluta claridad jurídica lo estipulado en el Artículo 15 de la Constitución de la República Dominicana: los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso para todos los ciudadanos.
La franja de los 60 metros de dominio marítimo-terrestre no constituye una concesión negociable ni puede ser secuestrada por barreras físicas, guardias de seguridad privada o el cobro arbitrario de «consumos mínimos».
Hacia un turismo que no desplace al ciudadano
Nadie pone en duda que la industria turística representa uno de los motores vitales de nuestra economía, fuente indispensable de divisas, empleo y posicionamiento internacional. Ahora bien, dicho progreso no puede erigirse a expensas de la segregación comunitaria.
Resulta insostenible proyectar un paraíso idílico hacia el exterior mientras se conculcan los derechos de quienes nacieron en esta tierra.
Las instituciones competentes —encabezadas por el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los gobiernos locales— deben ejercer su potestad fiscalizadora y cesar la omisión sistemática ante los desalojos arbitrarios de bañistas.
Celebramos que los creadores nacionales continúen tomando el pulso a la cotidianidad dominicana. Corresponde disfrutar y respaldar «La Playita Prohibida» en las plataformas de difusión, reconociendo el talento autóctono; pero también conviene asumir su mensaje de fondo: el litoral caribeño que nos abraza es patrimonio soberano de la nación, y exigir el derecho a recorrerlo libremente jamás debe ser considerado un acto clandestino.