El grito de indignación retumba con fuerza en las aulas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La consigna «Estudiar no debería ser sentencia de muerte» se ha convertido en el clamor colectivo de una comunidad académica asfixiada por el luto, luego de confirmarse el asesinato de cuatro mujeres vinculadas a la institución en un lapso de apenas siete meses.

El detonante de las recientes manifestaciones fue el crimen contra Claudia Tacoronte, una joven española de 21 años que cursaba Educación Infantil y apenas cumplía un mes en México mediante un programa de intercambio académico. Tacoronte se trasladó desde Cuernavaca hacia el municipio de Cuautla para participar en un festival de plantas ancestrales. La noche del sábado, instantes previos a ingresar a la Casa de la Cultura donde pernoctaba, un individuo armado con un objeto punzocortante la agredió de manera sorpresiva y huyó de la escena. Pese a lograr entrar al recinto solicitando auxilio, la estudiante colapsó y falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Un patrón sistemático de violencia e impunidad

El caso de Tacoronte no representa un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una crisis sistemática. En poco más de un año, cinco alumnas de la UAEM han perdido la vida en circunstancias violentas:

• Aylín Rodríguez (abril de 2025): Hallada sin vida en Jiutepec tras salir rumbo a la universidad.
• Kimberly Ramos (febrero): Joven de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado tras días de búsqueda; su pareja fue arrestada.
• Karol Toledo (marzo): Estudiante de Enfermería y Derecho de 18 años, localizada muerta en una carretera de Mazatepec.
• Michelle Fuentes (mayo): Alumna de bachillerato e hija de una docente del recinto, localizada sin vida en Tepoztlán tras permanecer desaparecida.

Morelos figura actualmente como el sexto estado con mayor cantidad de feminicidios en territorio mexicano y ostenta la segunda tasa más alta en homicidios dolosos de mujeres. Los registros históricos del estado reflejan un panorama sombrío: de 463 feminicidios documentados en las últimas dos décadas, solo 124 alcanzaron sentencia condenatoria, lo que evidencia una tasa de impunidad cercana al 73%. Cuautla, demarcación donde ocurrió el ataque a Tacoronte, permanece bajo Alerta de Violencia de Género desde el año 2015.

Cuestionamientos a las cifras y operativos oficiales

El suceso ha escalado a las más altas esferas gubernamentales. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y garantizó coordinación entre los organismos de seguridad y los canales diplomáticos para dar con el atacante. Paralelamente, la Secretaría de Seguridad reiteró que el hecho no quedará sin castigo.

Sin embargo, la respuesta oficial choca frontalmente con el sentir de los colectivos estudiantiles y feministas. A pesar del despliegue federal encabezado por el secretario Omar García Harfuch —que movilizó a 1,700 efectivos e implicó una inversión cercana a los 30 millones de dólares en la entidad—, las garantías para las mujeres siguen siendo precarias. Aunque el Poder Ejecutivo sostiene que los delitos de alto impacto han mostrado descensos significativos a nivel nacional, en las calles de Morelos la percepción es de constante vulnerabilidad, desafiando cualquier narrativa de progreso con una realidad marcada por el dolor y la exigencia urgente de justicia.