Un nuevo sismo político sacude a Ecuador tras confirmarse este jueves la detención de la excandidata presidencial Luisa González, una de las figuras más visibles del movimiento Revolución Ciudadana y aliada directa del expresidente Rafael Correa. El arresto se produjo en Canuto, una localidad rural de la provincia de Manabí donde creció la dirigente, mediante una operación coordinada con agentes policiales trasladados de forma directa desde Quito.

La captura se enmarca dentro de las pesquisas que adelanta el Ministerio Público en el denominado caso "Caja Chica", un expediente que investiga presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de activos vinculados a fondos que habrían ingresado desde Venezuela para financiar la contienda electoral de 2023. En el marco de estas diligencias, las autoridades ejecutaron varias órdenes de aprehensión entre Manabí y la provincia de Pichincha.

Un tablero político bajo máxima tensión

Este acontecimiento añade combustible a un escenario nacional ya polarizado, desarrollándose a pocas semanas de celebrarse nuevos comicios locales. González, quien disputó la presidencia frente al actual mandatario Daniel Noboa en 2023 y en el proceso de 2025, había sido inhabilitada para competir en las próximas elecciones seccionales. De igual forma, el Tribunal Contencioso Electoral ordenó en marzo la suspensión de la personería jurídica de Revolución Ciudadana, impidiéndoles presentar candidaturas.

Tras el allanamiento de su residencia a inicios de año y antes de su detención, González rechazó enérgicamente las imputaciones, sosteniendo que su equipo entregó cada informe financiero requerido y desmintiendo categóricamente haber recibido recursos irregulares de origen foráneo o ilícito.

Denuncias de persecución política

Desde las filas de Revolución Ciudadana no tardaron en calificar el procedimiento judicial como una maniobra de persecución política orquestada por el oficialismo para anular a la principal fuerza opositora. El propio expresidente Rafael Correa expresó su repudio mediante redes sociales, denunciando la medida contra su copartidaria como un abuso de poder inadmisible.

González había intentado recientemente inscribir una postulación a la Prefectura de Manabí con el respaldo del movimiento indígena Pachakutik sin lograr luz verde, evidenciando el complejo laberinto judicial y político que hoy redefine el pulso del poder en la nación andina.