El mar permanecía en calma a unas 170 millas náuticas de las islas Galápagos la tarde del pasado 17 de marzo. Los 16 tripulantes del pesquero ecuatoriano Negra Francisca Duarte II regresaban hacia el puerto de Manta tras dos semanas de faena cuando la rutina se transformó en una pesadilla. Dos pequeños drones sobrevolaron la nave a escasos metros antes de detonar contra la cabina de mando, desatando una cadena de explosiones e incendios que obligó a la tripulación a lanzarse a las lanchas de auxilio en medio de gritos y heridas de metralla.

El capitán de la embarcación, Hernán Flores, recuerda el impacto inicial que le dejó la cabeza ensangrentada y causó graves cortes a su compañero Jordy. Mientras el barco era devorado por el fuego, los marineros intentaron escapar del área de impacto. Lo que parecía un rescate fortuito al divisar un barco azul a pocas millas se convirtió en una detención irregular: al alcanzar la nave, hombres con uniformes militares marrones, armas largas y hablando inglés los encañonaron, los esposaron, les colocaron capuchas y los mantuvieron incomunicados sobre una cubierta metálica ardiente. Horas más tarde, tras navegar durante la noche, fueron entregados a la Marina de El Salvador bajo la etiqueta oficial de "náufragos".

Un patrón silencioso en alta mar

El ataque contra el Negra Francisca Duarte II no es un hecho aislado. Se suma a los incidentes documentados contra el Don Maca, atacado el 26 de marzo con 20 sobrevivientes, y el Fiorella, bombardeado el 20 de enero, cuyo saldo dejó ocho tripulantes desaparecidos. Mientras las operaciones militares conocidas bajo el despliegue estadounidense "Southern Spear" suelen reportarse de manera abierta cuando neutralizan supuestas embarcaciones del narcotráfico, estos tres eventos comparten una particularidad inquietante: las autoridades del Comando Sur han negado cualquier participación directa.

Sin embargo, rastreos de navegación y tráfico aéreo revelan que, previo a cada uno de estos bombardeos, aviones ejecutivos de alta tecnología para vigilancia partieron desde El Salvador para monitorear las coordenadas de las embarcaciones pesqueras. Estos movimientos tácticos y el uso de drones letales sin distintivo oficial alimentan los señalamientos de que se trata de operaciones encubiertas ejecutadas por agencias de inteligencia como la CIA, actuando al margen de los canales militares convencionales.

Vulneraciones y abandono institucional

Desde las organizaciones civiles, los cuestionamientos legales son contundentes. Billy Navarrete, titular del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil), ha denunciado la gravedad de catalogar a los tripulantes como simples náufragos para evadir responsabilidades legales. Según explica, a un náufrago real se le brinda auxilio humanitario inmediato, no se le somete a encapuchamiento, aislamiento ni tratos degradantes en naves extranjeras.

"Si ellos cuentan con tanta tecnología, radares y drones, ¿por qué no nos interceptaron pacíficamente?", cuestiona Flores, quien subraya que su embarcación había sido exhaustivamente inspeccionada por la Guardia Costera ecuatoriana pocas horas antes del ataque, cumpliendo con todos los permisos y el rastreo satelital reglamentario. Mientras las familias de los desaparecidos del Fiorella siguen exigiendo respuestas y los sobrevivientes intentan reconstruir sus vidas sin sus herramientas de trabajo, las investigaciones judiciales en Ecuador avanzan con lentitud y sin esclarecer quién autorizó abrir fuego contra trabajadores del mar en aguas internacionales.