Mientras las alertas públicas de viaje del gobierno de Estados Unidos advierten de manera constante a sus ciudadanos sobre los peligros y la violencia desbordada en diversos puntos de América Latina, a lo interno la narrativa es diametralmente opuesta. Documentos confidenciales remitidos a los funcionarios encargados de evaluar solicitudes de asilo revelan una estrategia técnica orientada a minimizar la gravedad del crimen organizado en México, Honduras, Guatemala y El Salvador, sosteniendo que sus condiciones de seguridad no distan de la realidad que atraviesan urbes norteamericanas.

Comparativas cuestionadas con ciudades estadounidenses

Los informes distribuidos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sustituyen las habituales denuncias sobre secuestros generalizados, extorsiones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos por un contraste directo de cifras. En los análisis, regiones complejas de Centroamérica y México se comparan de forma benévola frente a las tasas de homicidios y delitos graves registradas en ciudades como Baltimore, Memphis o Houston. Según estos memorandos, diversas zonas de México y El Salvador exhibirían índices de criminalidad violenta significativamente menores que los grandes núcleos metropolitanos de la nación norteamericana.

El propósito de fondo radica en debilitar el criterio de «temor fundado», requisito indispensable para que un migrante acceda al asilo. Si los evaluadores determinan que el país de origen no es tan peligroso o que la policía local tiene la capacidad operativa de intervenir, se asume que el solicitante puede reubicarse internamente dentro de su propio territorio sin necesidad de recibir protección internacional. Para expertos como Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, este enfoque va demasiado lejos al pasar por alto la connivencia institucional con el narcotráfico y el alcance omnipresente de las bandas delictivas, que no dejan espacio seguro para la reubicación interna de las víctimas.

Un impacto directo en las tasas de aprobación

Esta reconfiguración en los criterios de evaluación coincide con un desplome histórico en el otorgamiento de amparos migratorios. En junio pasado, el porcentaje de solicitudes de asilo rechazadas trepó al 94%, una cifra abrumadora en comparación con el 50% registrado apenas dos años antes, según los registros de la Universidad de Syracuse. Ante el retraso en la publicación del informe anual oficial sobre derechos humanos del Departamento de Estado, estos nuevos parámetros se han convertido en la brújula operativa de los jueces y agentes migratorios para fundamentar las deportaciones.

Frente al escrutinio, portavoces oficiales y altos mandos de Seguridad Nacional sostienen que los avisos de viaje dirigidos a turistas buscan advertir sobre contingencias específicas para viajeros foráneos, lo cual no necesariamente refleja la vivencia cotidiana del residente local. No obstante, analistas y defensores de los derechos humanos advierten que equiparar la delincuencia de una metrópoli con instituciones funcionales a la violencia estructural de territorios controlados por redes criminales distorsiona la esencia del derecho al asilo y pone en riesgo inminente la vida de miles de solicitantes.