El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, puso freno a las especulaciones sobre una posible excarcelación masiva y precisó que el esquema de liberación anticipada bajo evaluación estatal solo contemplaría a unas 10,629 personas procesadas por colaboración "ocasional" con las pandillas, excluyendo de manera categórica a los miembros activos de estas estructuras criminales.

Durante una conferencia de prensa conjunta celebrada en San Salvador junto a la mandataria costarricense, Laura Fernández, el gobernante fue tajante respecto a la línea dura que mantiene su administración: "Ningún pandillero va a salir libre. Nunca". Bukele desmintió que su gabinete planee soltar a la mitad de los recluidos bajo el régimen de excepción y calificó dichas versiones de tergiversaciones impulsadas por sectores de oposición.

El mecanismo de "Cero Ocio" y la revisión de casos

El debate se reactivó luego de que su hermano, Ibrajim Bukele, revelara la operación de una comisión encargada de analizar los expedientes de más de 93,000 reclusos acumulados en cuatro años de ofensiva de seguridad. Frente a esto, el mandatario aclaró que la meta es evaluar si ciertos perfiles de baja peligrosidad pueden integrarse al programa oficial de reinserción "Cero Ocio", el cual permite conmutar o acelerar condenas mediante trabajo y capacitación.

"Creemos en una previa revisión que aproximadamente un 50% pudiera entrar en el programa 'Cero Ocio' para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años para que salga más criminal", puntualizó Bukele, reconociendo que, si bien estos individuos incurrieron en faltas punibles, su nivel de involucramiento amerita una ponderación diferenciada.

Cuestionamientos de derechos humanos

La posibilidad de otorgar beneficios penitenciarios marca un matiz dentro de la férrea política penal impulsada desde marzo de 2022, periodo en el que las detenciones sin orden judicial han transformado el panorama del país centroamericano. Si bien el Ejecutivo defiende que esta estrategia logró una reducción sin precedentes en la tasa de homicidios —calificándola como "el mejor plan de combate al crimen del mundo"—, defensores de derechos humanos han encendido las alarmas.

Diversas organizaciones no gubernamentales recuerdan que la gran mayoría de los reclusos bajo el régimen de excepción aún no cuenta con una condena en firme. Asimismo, denuncian la existencia de detenciones arbitrarias, más de 500 muertes bajo custodia del Estado y advierten que muchos ciudadanos colaboraron con las maras forzados por la extorsión y el terror comunitario, sin pertenecer orgánicamente a la delincuencia organizada. Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha fijado un cronograma oficial ni ha especificado los tribunales o entidades que formalizarán estas evaluaciones individuales.