En un giro inesperado dentro de su rigurosa política penitenciaria, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su administración evalúa la puesta en marcha de un programa de liberación anticipada y condicional que podría beneficiar a aproximadamente el 50% de los privados de libertad acusados de colaborar con las pandillas. La medida, según adelantó el mandatario, estará sujeta a una estricta supervisión individualizada y a monitoreo constante.

Durante una conferencia de prensa en el marco de nuevos acuerdos de inversión energética para el país, Bukele especificó que los beneficiarios continuarían siendo considerados legalmente culpables, pero se les permitiría cumplir el resto de su condena fuera de las celdas bajo pautas rigurosas. El gobernante argumentó que el Estado debe ponderar la realidad sociopolítica que atravesó la nación centroamericana, donde amplios sectores de la población se vieron forzados a convivir y ceder ante el control territorial que ejercían las estructuras delictivas.

Diferenciación entre agresores y sobrevivientes

El mandatario insistió en que el análisis de cada expediente buscará trazar una línea clara entre quienes ejercían el terror y aquellos ciudadanos que colaboraron como mecanismo de supervivencia comunitaria.

• Criterio de excepción: Evaluación pormenorizada de reos que, aun teniendo culpa legal comprobada, actuaron bajo coacción extrema.
• Régimen de vigilancia: Libertad estrictamente sujeta a medidas de monitoreo institucional para evitar la reincidencia.
• Sin plazos definidos: El Ejecutivo aún no ha fijado una fecha de inicio para las excarcelaciones ni la cifra exacta de personas que integrarán este primer contingente.

Seguridad interna y el tablero internacional

Desde la instauración del régimen de excepción a principios de 2022, la estrategia de Bukele centrada en detenciones masivas ha desplomado los índices de homicidios a mínimos históricos, consolidando su respaldo popular interno. Sin embargo, este esquema de mano dura mantiene abiertas fuertes críticas de defensores de derechos humanos y organismos internacionales, que denuncian detenciones arbitrarias, hacinamiento y debilitamiento del debido proceso legal.

El anuncio coincide además con un momento de intensa actividad diplomática para San Salvador. Ese mismo día, Bukele sostuvo conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la protección de infraestructura crítica y puertos nacionales. Consolidado como uno de los principales aliados de la administración de Donald Trump en la región y pieza clave de la iniciativa de seguridad "Escudo de las Américas", El Salvador continúa afianzando su rol como receptor de personas deportadas desde territorio estadounidense hacia instalaciones de máxima seguridad como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).