Más de 250 expedientes por ataques con víctimas mortales y heridos atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecen sumidos en el hermetismo absoluto, sin resoluciones judiciales ni explicaciones públicas para los familiares de las víctimas. A través de un riguroso rastreo de incidentes y declaraciones operativas en los frentes de Gaza, Cisjordania y Líbano, se comprobó que de 300 casos que el propio estamento militar confirmó estar bajo investigación, apenas 28 han tenido conclusiones publicadas en sus plataformas oficiales, mientras que otros 18 se mantienen sin estatus esclarecido.

El patrón de respuesta castrense suele limitarse a términos como «bajo examen», «en revisión» o «en proceso de verificación», una fórmula discursiva tras la cual la pista pública de los expedientes suele desaparecer por completo. La gran mayoría de estos episodios, de los cuales más de 200 registraron al menos un fallecimiento, ocurrieron en un contexto de devastación regional: 158 en la Franja de Gaza, 48 en Cisjordania ocupada y 32 en territorio libanés, además de incidentes en centros de detención.

Tragedias emblemáticas sin cierre

Entre los sucesos que continúan sin una resolución concluyente figura el bombardeo de agosto de 2024 contra la escuela Al Tabaín, en la ciudad de Gaza, donde murieron al menos 93 civiles —incluidas mujeres y niños— mientras se refugiaban y realizaban sus oraciones matutinas. Aunque la fuerza militar alegó haber apuntado a un nodo de mando de Hamás abatiendo a combatientes con munición de precisión, el balance real de víctimas y los pormenores del ataque siguen bajo un hermético manto de revisión preliminar.

La falta de respuestas definitivas también abraza el caso de la niña de cinco años Hind Rajab y los 15 socorristas de la Media Luna Roja Palestina acribillados en una misión de rescate, así como el homicidio de Nahida Anton y su hija Samar dentro de la iglesia de la Sagrada Familia a finales de 2023. En Cisjordania, expedientes como el de Loujain Musleh, una adolescente de 16 años alcanzada en la cabeza por fuego israelí mientras miraba por la ventana en Kafr Dan, engrosan una lista de carpetas archivadas lejos del escrutinio civil.

Dilación deliberada frente al derecho internacional

Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la entidad israelí Yesh Din, señalan que el aparato militar tiende a dilatar conscientemente estos trámites con el propósito de agotar la atención pública internacional. De más de un millar de incidentes remitidos al Mecanismo de Investigación y Evaluación del Estado Mayor (FFAM) desde el inicio de las hostilidades, apenas una fracción mínima ha derivado en investigaciones criminales formales ante la Fiscalía General Militar.

Especialistas en derecho internacional humanitario y voceros vinculados a los Convenios de Ginebra recuerdan que cualquier ejército tiene la obligación inexcusable de investigar de forma pronta, imparcial y transparente la conducta de sus propias tropas. Aunque portavoces militares argumentan que los entornos bélicos complejos y la reserva de reglas de enfrentamiento justifican la confidencialidad, la parálisis documental sistemática amenaza con desarticular cualquier noción de rendición de cuentas en el conflicto.