En un giro contundente dentro de su política de seguridad, el gobierno de Costa Rica inauguró formalmente el Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO), una moderna prisión de máxima seguridad construida bajo el referente directo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. La presidenta Laura Fernández encabezó el acto inaugural, asegurando que el país precisaba de una institución donde la autoridad del Estado impere sin concesiones sobre las bandas criminales, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico.

La apertura de esta megacárcel responde a un contexto crítico: Costa Rica, históricamente reconocido como uno de los bastiones de paz en Centroamérica, cerró el año 2025 con 873 homicidios, registrando el tercer año más violento en su historia según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Ante este escenario, la administración central apostó por una estrategia frontal que busca neutralizar las operaciones de los cabecillas tras las rejas.

Estructura y régimen penitenciario de máxima severidad

Ubicado dentro del complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela —a unos 20 kilómetros de San José—, el nuevo recinto abarca 91,000 metros cuadrados y representó una inversión estatal cercana a los 35 millones de dólares (₡16,774 millones de colones). El CACCO dispone de cinco módulos que albergan 17 celdas colectivas de 90 metros cuadrados cada una, diseñadas para confinar a 60 internos por celda, alcanzando una capacidad total de 5,100 reclusos.

Las condiciones para los internos reflejan el rigor del esquema salvadoreño:

• Aislamiento prolongado: Los reclusos tendrán derecho a únicamente una hora diaria de exposición al sol.
• Restricción total: No se permitirá la tenencia de objetos personales de ningún tipo.
• Uniformes y visitas: Los privados de libertad vestirán indumentaria naranja y estarán sometidos a un régimen de visitas estrictamente limitado.

Influencia regional y debate sobre derechos fundamentales

El proyecto consolida la estrecha sintonía entre San José y San Salvador. El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, ya había visitado el país centroamericano a finales de 2024 para advertir sobre los riesgos del crimen organizado, e incluso colocó la primera piedra del penal junto al exmandatario y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves. A la ceremonia de apertura asistieron los ministros de Seguridad y Defensa de El Salvador, Gustavo Villatoro y René Merino, mientras que la presidenta Fernández tiene programada una visita oficial al Cecot para profundizar en las tácticas de control penitenciario.

A nivel interno, la medida cuenta con un fuerte respaldo social: encuestas de la firma OPol Consultores señalan que un 96% de la ciudadanía costarricense exige un endurecimiento severo en las leyes anticrimen. No obstante, defensores de derechos humanos y sectores de oposición observan el proceso con inquietud, advirtiendo sobre las denuncias que pesan sobre el régimen salvadoreño por detenciones arbitrarias y decesos bajo custodia.

Frente a los cuestionamientos, la mandataria Fernández defendió la iniciativa remarcando que el rigor penal se aplicará dentro de los márgenes constitucionales, al tiempo que lanzó duras críticas hacia los operadores judiciales que considera complacientes con la delincuencia.