El campus de la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, atraviesa uno de sus momentos más tensos tras la presentación de una resolución formal para someter a votación una moción de censura contra la directiva universitaria. La iniciativa, promovida por docentes del claustro legislativo de la academia, responde al creciente descontento ante la presunta negligencia institucional en el manejo de una denuncia de agresión sexual grupal ocurrida en 2024.

La medida fue depositada ante el comité docente por el profesor de historia laboral Paul Ortiz, integrante del Senado Académico. Ortiz confirmó que cerca de 40 de los más de 75 senadores con derecho a voto han manifestado su respaldo inicial al documento, el cual se discutirá en el pleno el próximo 14 de octubre. De aprobarse, representaría un duro revés para el liderazgo administrativo del prestigioso centro de estudios, reflejando una pérdida absoluta de respaldo por parte del cuerpo docente y la comunidad académica.

Indignación generalizada y protestas en el campus

El ambiente universitario se ha caldeado con masivas manifestaciones estudiantiles y vigilias en respaldo a la demandante, identificada bajo el seudónimo judicial de Jane Doe. La joven interpuso una demanda el mes pasado contra Cornell, la fraternidad Chi Phi y siete de sus integrantes, denunciando que las autoridades del recinto fallaron en protegerla e investigaron deficientemente los hechos.

Durante las recientes concentraciones, profesores y alumnos alzaron consignas exigiendo dimisiones inmediatas y reformas estructurales ante lo que consideran un patrón de permisividad frente a abusos dentro de la vida nocturna estudiantil. Docentes como Sabrina Karim y Julia Chang se pronunciaron públicamente para exigir un alto a la cultura de impunidad y garantizar justicia real para las víctimas.

Intervención estatal y fallas en la investigación preliminar

El manejo judicial original del caso quedó bajo fuerte cuestionamiento luego de que trascendiera que el fiscal del distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, optó por no presentar cargos tras revisar únicamente un informe preliminar de seis páginas y capturas de pantalla, pasando por alto diligencias y preservación de registros telefónicos que la policía del campus había iniciado. Ante estas irregularidades, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, apartó a la fiscalía local y designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para liderar una pesquisa independiente.

Por su parte, el presidente de la institución, Michael Kotlikoff, prometió una revisión exhaustiva de los protocolos internos y respaldó la intervención estatal. Mientras tanto, el equipo legal de la denunciante, encabezado por el abogado Thomas Giuffra, denunció que tanto la víctima como sus representantes han recibido amenazas de muerte e intentos deliberados de vulnerar la privacidad de la demandante.