El terremoto político y financiero que sacude a Paraguay sumó este domingo un nuevo capítulo con el allanamiento a la residencia del expresidente Santiago Peña, ubicada en la localidad de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. La intervención judicial, ejecutada por el Ministerio Público, se inscribe en la investigación penal abierta tras la quiebra e intervención de Ueno Bank, entidad financiera digital cuya insolvencia desató masivas protestas, el juicio político del mandatario y su posterior arresto preventivo.

De acuerdo con la información oficial emitida por la fiscalía, Peña es investigado por presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. El exgobernante, de 47 años, se encuentra recluido en un regimiento militar de la capital tras ser apartado del poder por decisión abrumadora del Senado, apenas días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) tomara el control de Ueno Bank dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y con ocho de sus directivos tras las rejas.

Fondos públicos y préstamos bajo la lupa

El núcleo de la imputación sostiene que la administración de Peña habría canalizado importantes depósitos de instituciones públicas hacia el banco intervenido, mientras la entidad facilitaba créditos de forma irregular a corporaciones vinculadas a sus principales accionistas. Cabe destacar que el propio exmandatario mantuvo participación accionaria en el grupo controlador de Ueno Bank hasta el año 2025.

La propiedad allanada es una pieza clave en el expediente acusatorio. Según los fiscales del caso, en mayo de 2024 Peña obtuvo dos créditos de Ueno Bank por un monto aproximado de 500.000 dólares para costear la edificación del inmueble. Las cuotas mensuales pactadas ascendían a unos 38.000 dólares, cifra que superaba en casi seis veces su salario oficial como jefe de Estado.

Medidas de mitigación del nuevo gobierno

Tras la destitución de Peña, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la jefatura del Estado y anunció de inmediato medidas para contener el descontento ciudadano y mitigar el impacto económico sobre los contribuyentes. Alliana instruyó la exoneración de multas, recargos e intereses tributarios para los afectados directos por el bloqueo de fondos en la entidad bancaria.

Paralelamente, el nuevo mandatario reportó que ya se ha concretado el reembolso de fondos a casi 1,2 millones de ahorristas, lo que representa un desembolso preliminar cercano a los 158 millones de dólares. Las autoridades financieras locales informaron que el cronograma de restitución continuará desarrollándose a lo largo de la semana para estabilizar el sistema de pagos del país.