La intervención por insolvencia de Ueno Bank ha sumido a Paraguay en un terremoto financiero y social de magnitudes inéditas. Lo que comenzó como una atractiva propuesta de banca digital de rápida expansión —que llegó a concentrar casi tres millones de clientes atraídos por agresivas promociones y facilidades de apertura— se transformó de la noche a la mañana en una pesadilla para miles de familias y pequeños empresarios que hoy no tienen acceso a su capital.

El colapso de la institución no solo provocó una sacudida institucional que culminó con la salida de Santiago Peña de la presidencia de la República —quien mantuvo vínculos societarios con los propietarios del banco hasta 2025—, sino que además mantiene semiparalizada la economía real. De acuerdo con advertencias de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), dos de cada tres transacciones electrónicas del país circulaban a través de esta entidad, dejando las ventas navideñas y las operaciones cotidianas al borde del abismo.

La agonía de la espera entre los depositantes

Aunque el Banco Central del Paraguay (BCP) activó de emergencia el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y reporta la devolución de fondos a más de 1,7 millones de personas por un monto superior a los 341 millones de dólares (más de dos billones de guaraníes), la angustia persiste en las calles. Las autoridades han canalizado los pagos en etapas, priorizando cuentas de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.600 dólares) y posteriormente hasta 40 salarios mínimos (alrededor de 19.500 dólares), siempre que los titulares no tengan deudas pendientes y cuenten con cuentas en otros bancos.

Sin embargo, la realidad para muchos es el silencio administrativo. Empresarios como Favio Marcelo Vargas, dedicado al transporte y mudanzas, denuncian que la falta de liquidez ha detenido en seco su actividad comercial sin que hasta ahora reciba acreditación alguna. Situaciones similares golpean a comerciantes como Giovanni Catolino, quien mantiene bloqueados cerca de 16.000 dólares destinados a la operatividad de su agencia de viajes tras más de una década y media de trabajo.

Un agujero financiero que amenaza a los grandes fondos

El desafío para el sistema financiero radica en la enorme brecha entre los recursos disponibles y los compromisos reales. Antes del estallido de la crisis, el FGD disponía de activos por unos 1.600 millones de dólares, una cifra insuficiente frente a los cerca de 2.800 millones de dólares en depósitos que la directiva de Ueno Bank aseguraba custodiar antes de su intervención.

El impacto trasciende a los pequeños ahorristas: entre 2023 y septiembre de 2026, los fondos de organismos públicos colocados en este banco pasaron de 80,2 millones a más de 834 millones de dólares, incluyendo unos 355 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS). Aquellos ahorristas y entidades cuyos saldos superan el tope legal de garantía deberán someterse a un largo proceso de liquidación de activos, con altas probabilidades de no recuperar la totalidad de su patrimonio.

Entre la indignación ciudadana, las manifestaciones de ahorristas y jubilados no han tardado en tomar las calles de Asunción. Dirigentes ciudadanos como Jorge Ramírez canalizan ahora la frustración colectiva en marchas multitudinarias, exigiendo sanciones judiciales y respuestas claras mientras el país intenta sobreponerse a uno de los descalabros bancarios más severos de su historia moderna.