El sistema judicial boliviano atraviesa un momento de máxima tensión tras la detención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Ambos funcionarios fueron interceptados y puestos bajo custodia por efectivos policiales en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, un hecho que desató una inmediata respuesta institucional y abrió interrogantes sobre el trasfondo de la medida.

La captura se produce apenas dos días después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocara formalmente los visados de Mariaca, Zeballos y una veintena de personalidades bolivianas. Desde Washington se argumentó que los sancionados estarían implicados en redes de corrupción, presuntos nexos con el narcotráfico y maniobras para vulnerar la institucionalidad del país andino. De manera directa, las autoridades estadounidenses señalaron a Mariaca por supuestamente aceptar sobornos para favorecer a capos del crimen organizado y obstaculizar la acción judicial.

Rechazo institucional y tensión diplomática

Desde la sede del Ministerio Público en Sucre, el equipo de comunicaciones de la Fiscalía General catalogó la intervención como una acción totalmente arbitraria e ilegal, alertando a la ciudadanía sobre lo que consideran un atropello a la investidura de la máxima autoridad persecutora penal. Por su parte, el Ejecutivo encabezado por el presidente Rodrigo Paz confirmó que ya tramitó una solicitud formal ante la diplomacia estadounidense para que comparta el expediente probatorio contra Mariaca, a fin de procesar los datos bajo las leyes locales con la mayor celeridad posible.

Antes de su arresto, Mariaca había desestimado públicamente los señalamientos de Washington, calificándolos de una intromisión en sus funciones jurisdiccionales y asegurando que no permitiría que acusaciones sin sustento mancharan su trayectoria profesional en el ámbito penal.

De la persecución a Marset al caso Cerimedo

La carrera de Mariaca ha estado rodeada de expedientes de altísimo impacto regional. Como fiscal provincial en 2020 enfrentó la compleja trama del capo uruguayo Sebastián Marset, quien logró fugarse durante un despliegue policial en 2023 en Santa Cruz, desatando cuestionamientos cruzados entre el gobierno y los fiscales. Tras asumir la Fiscalía General en 2024 con el respaldo de la Asamblea Nacional, su gestión celebró la posterior captura de Marset, aunque sectores de la oposición alimentaron dudas mediante la divulgación de videos no autenticados en los que el narcotraficante aludía a una supuesta cercanía con el fiscal.

En meses recientes, Mariaca también encabezó las pesquisas en torno al ataque sicarial contra la abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, conocido estratega digital de campañas en la región. Beller acusó a Cerimedo de planear el intento de asesinato desde su lecho médico, lo que derivó en la captura del estratega y en ramificaciones que llegaron a tocar temporalmente a la primera dama, María Elena Urquidi, investigación que el propio titular del Ministerio Público terminó desestimando antes de su sorpresiva detención.