El reciente intento de desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que residió durante siete décadas en el centro de Madrid, encendió las alarmas y desató masivas protestas en toda España. Aunque la presión social y un acuerdo de última hora permitieron su regreso temporal, las imágenes de la mujer retirada en camilla por paramédicos dejaron al descubierto una herida social profunda: la imposibilidad creciente de acceder a un techo digno y asequible en el país ibérico.

El contraste histórico resulta paradójico. Entre 1997 y 2008, España experimentó una vorágine constructora sin precedentes, levantando cerca de cinco millones de inmuebles al calor del crédito fácil, casi el doble de lo que la demanda real requería. Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria tras la crisis financiera global redujo a cenizas al sector productivo. Aquella época en la que se edificaban casi 14 viviendas por cada mil habitantes quedó atrás; hoy apenas se construyen dos por cada mil, generando un déficit que el Banco de España estima en 750,000 unidades y que amenaza con sobrepasar el millón en el corto plazo.

Un choque frontal entre oferta y demanda

Mientras la capacidad de edificación permanece diezmada y apenas logra sacar al mercado unas 90,000 viviendas anuales, la demanda no ha dejado de acelerarse. Desde 2021, la creación de nuevos hogares ha repuntado a un ritmo de 250,000 por año, impulsada en gran medida por flujos migratorios procedentes de naciones como Colombia y Venezuela. Esta disparidad matemática ha llevado los precios a niveles asfixiantes:

• Disparidad salarial: Desde 2015, los costos de compra y alquiler han escalado un 80%, mientras que los sueldos solo han registrado una tímida subida del 30%.
• Juventud estancada: El 47.3% de los adultos entre 26 y 34 años continúa viviendo con sus padres al no poder asumir los costos habitacionales.
• Rentas desproporcionadas: En las principales urbes, el alquiler promedio ronda los US$1,335 mensuales, lo que equivale prácticamente al 98.7% del ingreso medio de un trabajador joven.

El impacto del turismo y el mito de las casas vacías

A este complejo escenario se suma la transformación del uso residencial. Con más de 96 millones de turistas internacionales al año, miles de pequeños propietarios —que concentran la mayor parte del parque inmobiliario— han optado por el alquiler turístico o de temporada, reduciendo drásticamente las opciones para contratos residenciales de larga duración.

Respecto a los 3.8 millones de viviendas que figuran estadísticamente como desocupadas en el país, los especialistas subrayan que no representan un alivio real: la inmensa mayoría se encuentra en zonas rurales o municipios despoblados donde no existen fuentes de empleo ni actividad económica, lejos de las grandes ciudades donde se concentra la necesidad.

La nueva dinámica: alquiler por habitaciones

La presión del mercado ha generado además una distorsión silenciosa. Los desahucios formales han mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, pero los analistas advierten que esto responde a un cambio en el perfil del inquilino: los propietarios exigen filtros financieros tan elevados que solo perfiles de altos ingresos, como nómadas digitales extranjeros, logran calificar para un arriendo completo. Para las familias trabajadoras y los jóvenes, la única alternativa viable ha terminado siendo el alquiler de habitaciones individuales, atomizando las viviendas.

Frente al creciente descontento popular, el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa iniciativas para suspender ciertos desalojos hasta 2030 y extender la vigencia de los contratos de alquiler vigentes. No obstante, estas medidas aún dependen del aval parlamentario en un Congreso fragmentado, mientras la ciudadanía exige soluciones estructurales que devuelvan el derecho a la vivienda a un terreno accesible.