De la catástrofe al escaparate político: La multimillonaria y opaca reconstrucción de Derna

Apenas tres años atrás, la ciudad de Derna, en el este de Libia, protagonizó uno de los episodios más sombríos de su historia reciente. En septiembre de 2023, el colapso de dos presas provocado por las torrenciales lluvias de la tormenta Daniel desató una descomunal ola de siete metros de altura que arrasó con vecindarios completos mientras sus habitantes dormían, dejando un saldo estimado de más de 4,000 víctimas fatales. Hoy, el panorama en varios puntos de la urbe parece haber dado un giro radical: modernos rascacielos, amplias avenidas y complejos residenciales de primer nivel comienzan a ocupar el vacío dejado por la tragedia.
Para ciudadanos como Abdulwahab Damdoum, un estibador portuario de 27 años que vio morir a catorce de sus familiares y vecinos arrastrados por las aguas, el cambio es palpable. Tras meses de incertidumbre y pagos asfixiantes de alquiler, su familia fue reubicada en un apartamento de 300 metros cuadrados frente al mar Mediterráneo, completamente gratis. Este espacio forma parte del proyecto modelo denominado "2,000 Apartamentos", equipado con mezquitas, centros médicos, escuelas e infraestructura vial que busca devolverle la vitalidad a la comunidad.
El clan Haftar y la geopolítica del cemento
Detrás de esta transformación que ronda los 2,000 millones de dólares se encuentra el Fondo de Desarrollo y Reconstrucción, liderado por Belkacem Haftar, hijo del influyente mariscal Jalifa Haftar, figura dominante en el este del país. El organismo ha proyectado una imagen de eficiencia que busca contrastar décadas de desidia estatal con una gestión de resultados inmediatos. Los carteles con los rostros de Belkacem, de su hermano militar Saddam y de su padre presiden las nuevas avenidas como muestra palpable del control territorial y político que ostentan.
La ambición urbanística no se limita a Derna. El parlamento radicado en el este libio aprobó recientemente una inyección presupuestaria adicional cercana a los 11,000 millones de dólares para los próximos tres años, con el propósito de extender estas obras a plazas estratégicas como Bengasi, donde ya se proyectan estadios, torres corporativas y áreas comerciales bajo la premisa de erigir un polo de desarrollo similar al modelo emiratí en el Mediterráneo.
Heridas abiertas y el debate sobre la transparencia
No obstante el dinamismo constructivo, la desolación sigue conviviendo con el concreto nuevo. Centenares de sobrevivientes, como el catedrático Izz al-Nasr Ibzeou —quien perdió a su esposa, su suegra y a sus siete hijos en el desastre—, continúan recorriendo las ruinas de sus antiguos hogares y acudiendo a cementerios donde miles de cuerpos reposan en tumbas numeradas a la espera de cotejos de ADN que parecen no avanzar con la misma celeridad que las grúas de construcción.
Al mismo tiempo, analistas y organizaciones internacionales de derechos humanos advierten sobre la absoluta ausencia de auditorías públicas y la discrecionalidad en la asignación de recursos procedentes de la riqueza petrolera del país. Expertos señalan la existencia de esquemas donde compañías internacionales son obligadas a asociarse con entidades privadas locales afines a círculos de poder, lo que derivaría en costos inflados y sobreprecios financiados con fondos públicos.
A ello se suma la preocupación de los especialistas en gestión de riesgos, quienes alertan que, pese a la rapidez de las edificaciones, el cauce del río sigue desprovisto de un plan integral de mitigación hidráulica y las presas destruidas continúan sin reconstruirse, dejando abierta la posibilidad de que futuras inclemencias climáticas amenacen nuevamente a la población.