Cada noche, el silencio en la residencia de Ron McAndrew suele romperse sin emitir ruido alguno. A sus 88 años, el exdirector de la Prisión Estatal de Florida afirma que los rostros de los ocho reclusos a los que vio morir en cumplimiento de su deber institucional aún lo visitan en su habitación. Casi tres décadas después de haber dejado el cargo en 1998, el peso psicológico de coordinar la logística letal del Estado no lo abandona, transformando a un antiguo creyente de la ley del talión en uno de los más vehementes contradictores del castigo supremo en Estados Unidos.

Durante su gestión en el centro penitenciario próximo a Starke, McAndrew lideró tres ejecuciones en la silla eléctrica y, más adelante, colaboró en Texas con el protocolo de inyección letal para cinco hombres más. Sin embargo, su firmeza inicial comenzó a resquebrajarse al sospechar que uno de los convictos, Leo Jones —ejecutado en 1998 por la muerte de un oficial de policía—, era en realidad inocente y había confesado bajo coacción. A este caso se sumó el traumático episodio de Pedro Medina en marzo de 1997, cuando una falla técnica provocó que la cabeza del recluso se incendiara durante la descarga eléctrica, llenando el recinto penitenciario de llamas y un olor que, confiesa, jamás logró borrar de su memoria.

Un giro ético frente a una maquinaria implacable

El veterano penitenciario, quien creció en Carolina del Norte bajo la estricta doctrina religiosa de su abuelo pastor metodista, admitió que durante años recurrió al alcoholismo y a la terapia para sobrellevar la culpa acumulada, llegando incluso a contemplar el suicidio. Hoy, desplazándose en una silla de ruedas motorizada en su hogar junto al río Rainbow, McAndrew rechaza los eufemismos burocráticos y describe la pena de muerte como un «asesinato político ceremonial premeditado». Por ello, dedica el tramo final de su vida a colaborar con abogados defensores y redactar testimonios que ayuden a reos a evitar la pena capital.

Su cruzada personal contrasta frontalmente con la dirección institucional de Florida. A pesar de que las tendencias en 49 estados norteamericanos muestran un declive sostenido en la aplicación de la pena capital —respaldado por mediciones de Gallup donde el apoyo ciudadano cayó al 52%—, las autoridades de Florida han acelerado las órdenes judiciales. Con casos inminentes como el de Curtis Beasley, sentenciado en 1995 y cuya defensa alega severo deterioro cognitivo, la administración estatal defiende con dureza la vigencia de las ejecuciones ante las peticiones de clemencia.

Para McAndrew, quien se reconoce católico y anticipa su propio final, el activismo representa el único camino viable para saldar sus deudas morales. Asegura que seguirá testificando mientras le queden fuerzas, plenamente consciente de que cuando cierre los ojos de forma definitiva, una multitud de miradas del pasado estará aguardando al otro lado.