A miles de kilómetros de sus hogares y sin ningún lazo cultural ni familiar, un grupo creciente de migrantes latinoamericanos se encuentra varado en Bangui, la capital de la República Centroafricana. La medida responde a una controvertida estrategia migratoria implementada por el gobierno estadounidense de Donald Trump, orientada a expulsar hacia terceros países a extranjeros que no pueden ser devueltos a sus naciones de origen por contar con medidas cautelares ante el riesgo de persecución o tortura.

Uno de los rostros de esta realidad es el nicaragüense Kenis López, de 45 años, quien residía en Mineápolis, Minnesota, donde trabajaba en el sector de la construcción. Pese a que una corte de inmigración le había concedido una retención de remoción bajo el amparo de la Convención contra la Tortura frente a la crisis política de Nicaragua, agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron a inicios de año y lo mantuvieron detenido durante meses. El desenlace no fue su liberación ni su retorno a Centroamérica, sino un vuelo transatlántico encadenado de pies y manos hacia territorio africano, denunciando además el uso de proyectiles de goma a corta distancia al negarse inicialmente a subir a la aeronave.

La polémica doctrina de los 'terceros países seguros'

El mecanismo que sustenta estas expulsiones busca resolver una encrucijada legal para Washington: cumplir las órdenes finales de deportación sin contravenir de forma directa los fallos judiciales que prohíben repatriar a personas a sitios donde peligre su integridad física. Para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la medida se apega estrictamente al marco legal vigente, alegando que todo extranjero indocumentado con orden de salida debe ser retirado del territorio nacional, asignándole un tercer país receptor si no acepta la repatriación voluntaria.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la opacidad y los riesgos de estas maniobras. Reportes de entidades de monitoreo migratorio estiman que más de 23,000 personas han sido transferidas a más de una veintena de países sin vínculos jurídicos ni familiares previos. Aunque la gran mayoría ha sido derivada a naciones del continente americano, cientos de individuos han sido trasladados a estados africanos que atraviesan graves crisis humanitarias o conflictos bélicos internos.

Recientemente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló que estas remociones expeditas continúen de manera provisional mientras se analiza a fondo la legalidad de la política, lo que ha acelerado los traslados y encendido las alarmas de juristas internacionales.

Aislamiento, miedo y precariedad en Bangui

En la capital centroafricana, los testimonios coinciden en la desolación. Junto a López se encuentran otros compatriotas como Luis Carlos Mendoza e Isaac Cruz, quienes también contaban con resoluciones judiciales que frenaban sus deportaciones a Nicaragua tras haber hecho vida laboral en Maryland e Indiana, respectivamente. Todos afirman que fueron conducidos al continente africano sin notificación previa certera.

Actualmente, los deportados permanecen alojados en un complejo de apartamentos con asistencia básica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad que provee alimento y refugio a solicitud de las autoridades locales tras recibir fondos de cooperación internacional. No obstante, las condiciones del entorno son críticas: cortes constantes de energía, fallas en el suministro de agua potable y el temor latente a contraer enfermedades endémicas como la malaria o el cólera en una nación inmersa en inestabilidad armada.

Confinados y vigilados, los migrantes insisten en que no son delincuentes y apelan a la intervención de legisladores y cortes estadounidenses para que sus expedientes sean reexaminados, con la esperanza de abandonar un limbo humanitario que hoy los mantiene a la deriva en el corazón de África.