Una búsqueda a ciegas tras las rejas

En El Salvador, el régimen de excepción instaurado hace más de cuatro años ha transformado radicalmente el panorama de seguridad nacional, pero también ha dejado una estela de incertidumbre en miles de hogares humildes. A diferencia de otros rincones de la región donde los familiares rastrean fosas clandestinas, aquí las madres buscan en los pasillos de las penitenciarías y en las listas judiciales a parientes que fueron absorbidos por el sistema penal sin dejar rastro claro. De esa necesidad compartida surgió Madres por la Libertad, un colectivo de cientos de mujeres que recorren comisarías, juzgados y cárceles para apoyarse mutuamente frente al mutismo de las autoridades.

El caso de Marcela Alvarado refleja con crudeza este drama. Su hijo, José Duval Mata Alvarado, laboraba como tractorista en la comunidad rural La Noria, en Jiquilisco, cuando fue apresado por militares el 18 de abril de 2022 bajo cargos de agrupaciones ilícitas. A pesar de que dos jueces han emitido órdenes para su inmediata excarcelación, el joven permanece recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), según le indican de manera informal cuando acude a entregar insumos de primera necesidad. Alvarado no ha podido verlo ni una sola vez desde su detención.

Familias fracturadas y juicios colectivos

La historia se replica en diversas zonas rurales del país centroamericano. En Puerto El Triunfo, Liliana Urías enfrenta una doble pesadilla: su hijo Merlon Urías, trabajador de la caña de azúcar de 19 años, fue arrestado el 30 de marzo de 2022; apenas semanas más tarde, su esposo Israel Reyes, un marino retirado, corrió el mismo destino. Ambos esperan una audiencia condenatoria en las prisiones de Mariona e Izalco, respectivamente, atrapados en un esquema legal que ahora autoriza procesamientos masivos de hasta 900 acusados simultáneamente, una disposición fuertemente cuestionada por organismos de derechos humanos por vulnerar el derecho a la defensa individual.

Situaciones similares afrontan mujeres como Carolina Martínez, cuyo esposo Cristian Donely Ruiz Pineda fue aprehendido en la isla Espíritu Santo junto a otros residentes, y Leyla Arely Martínez, quien busca respuestas sobre sus hermanos Marcos Neftaly y David Ernesto Coreto Martínez, un militar activo y un campesino llevados de su vivienda en Cuisnahuat. Con más de 91,000 personas encarceladas en el marco de la ofensiva gubernamental, el país ostenta una de las tasas de reclusión más elevadas a nivel global.

El peso económico y emocional sobre los hogares

El impacto de estas medidas recae desproporcionadamente sobre las mujeres de estratos vulnerables, quienes no solo han perdido a los principales proveedores económicos del hogar, sino que deben asumir elevados costos de transporte y paquetes mensuales de alimentos e higiene que rondan los 100 dólares por detenido. Aunque el gobierno del presidente Nayib Bukele defiende la efectividad del plan señalando la drástica reducción de la criminalidad y la liberación de unas 7,000 personas procesadas erróneamente, en las gradas de la catedral metropolitana de San Salvador el colectivo continúa apostándose cada mes con pancartas en mano, decididas a evitar que sus seres queridos queden sepultados en el olvido.