Para decenas de familias alrededor del mundo, la aplicación de la pena capital en Arabia Saudita no culmina con la muerte de su pariente, sino que abre una herida permanente agravada por la negativa oficial de entregar los restos mortales. En comunidades del este de África, particularmente en Etiopía, los deudos han tenido que recurrir a funerales simbólicos y rezos sin féretro, una práctica que choca de lleno con las tradiciones cristianas ortodoxas que exigen un entierro ceremonial para otorgar descanso eterno al alma del difunto.

Este patrón de opacidad quedó en evidencia tras la ejecución, el pasado 23 de junio, de cinco ciudadanos etíopes en el centro de detención de Khamis Mushait, ubicado en la provincia sureña de Asir. Entre ellos se encontraban Kibrom Kinfe Aregawi, de 25 años, y Tsigabu Gebremariam, de 26, ambos sentenciados por contrabando de sustancias ilícitas tras huir de la miseria y el conflicto bélico en su país. Sus familiares relataron cómo se enteraron de las ejecuciones a través de las redes sociales o por conocidos en el reino, sin que mediara notificación judicial formal, entrega de certificados de defunción ni devolución de sus efectos personales.

Un castigo que se extiende a los familiares

Expertos legales y defensores de los derechos humanos denuncian que la retención de los cadáveres constituye una prolongación del castigo hacia el entorno familiar. La relatoría especial de la ONU sobre libertad de religión o de creencias ha calificado esta conducta como un acto equivalente a tortura y abuso, al privar deliberadamente a las familias del rito fúnebre y de la certeza sobre el paradero final de sus seres queridos. Pese a que las normativas diplomáticas contemplan canales de repatriación, en la práctica el Estado saudí casi nunca autoriza el traslado de los restos al exterior, sepultándolos en lugares no revelados bajo certificados escuetos.

La situación de los procesados extranjeros es especialmente crítica. Informes especializados revelan que aproximadamente el 75% de las ejecuciones por delitos relacionados con estupefacientes recaen sobre ciudadanos no saudíes, muchos de los cuales caen en redes criminales que se aprovechan de su vulnerabilidad económica, forzándolos a transportar cargamentos bajo engaño o coacción en las fronteras desérticas.

Un récord histórico de penas de muerte

Desde que el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud ascendió al trono en 2015, se han registrado más de 2,000 ejecuciones en territorio saudí, posicionando al reino como uno de los países con mayor tasa de penas capitales a nivel global, solo detrás de naciones como China e Irán. Tan solo durante el último año, las estimaciones de organizaciones independientes documentaron más de 350 ejecuciones, la cifra más alta registrada en los anales del país.

Dentro de las cárceles, los condenados viven en condiciones de hacinamiento extremo y bajo una zozobra diaria. Al no existir calendarios públicos para el cumplimiento de las sentencias, los reclusos conviven con el temor constante de que la apertura de una celda signifique el fin inminente de su vida, mientras sus allegados fuera de las fronteras claman en silencio por una rendición de cuentas que parece inalcanzable.