El mensaje parecía marcar el final de una pesadilla: “Mi amor, avísale a todos, ya voy a casa”. Sin embargo, para Marlinis Aliendres y su esposo, Junior Puerta, el anhelado reencuentro nunca llegó. Han transcurrido más de ocho meses desde que este ciudadano venezolano fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y tres meses desde que rubricó un acuerdo de salida voluntaria con la convicción de que volvería de inmediato a su tierra natal.

La travesía de la pareja inició en 2020, cuando ingresaron legalmente a territorio estadounidense con visas de turismo. Ambos, ingenieros de profesión, solicitaron oportunamente el Estatus de Protección Temporal (TPS) y más tarde iniciaron formalmente un proceso de asilo con representación legal. Tras años de esfuerzo, desempeñándose al inicio en el área de limpieza y posteriormente fundando una empresa en el sector de la construcción, una rutinaria parada vehicular en febrero de este año truncó sus planes de vida de forma abrupta.

Un proceso empantanado por la burocracia

El arresto se produjo en circunstancias cuestionadas, justo antes de que las autoridades migratorias instauraran directrices más rigurosas para regular las detenciones de tránsito por parte de agentes de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO). Al agotarse las opciones de fianza y con la negativa inicial a su solicitud de asilo, Puerta decidió no prolongar la batalla legal y firmó su salida voluntaria. No obstante, una posterior aprobación judicial de un recurso de habeas corpus presentado con anterioridad terminó por entrampar administrativamente su deportación acordada.

El desgaste físico y emocional se agravó en septiembre, cuando las autoridades notificaron a Puerta que sería trasladado a Miami para abordar un vuelo de repatriación. Tras varios días de traslados continuos y largas jornadas con grilletes en manos y pies, el detenido fue reingresado sorpresivamente al mismo centro de reclusión, complicando además su cuadro médico debido a un padecimiento pancreático preexistente.

El dolor del desarraigo familiar

Por su parte, ICE sostiene que el arresto se efectuó con apego a la ley, argumentando que Puerta permaneció en el país más tiempo del permitido y que un juez de inmigración emitió una orden formal de expulsión en mayo. La agencia federal enfatiza que todos los recluidos reciben atención integral y sostiene que las personas procesadas tienen a su disposición programas de retorno voluntario a través de canales oficiales.

Ante la prolongada incertidumbre y la pérdida del principal sostén económico del hogar, Marlinis tomó la dura decisión de retornar a Venezuela junto a su hija de dos años, nacida en Estados Unidos y diagnosticada con autismo no verbal. Mientras enfrentan precariedades y costosas deudas legales, la familia insiste en una única petición a las autoridades estadounidenses: que permitan a Junior costear su propio boleto aéreo para poner fin a un encierro que consideran desmedido e inhumano.