Tres años después de la jornada más oscura en la historia reciente de Israel, la herida provocada por los ataques del 7 de octubre de 2023 sigue abierta y sangrando en el debate público. Comunidades fronterizas como el kibutz Kfar Aza, donde decenas de civiles y defensores locales fueron masacrados antes de que llegara el auxilio estatal, continúan exigiendo que el poder político asuma su cuota de culpa. La indignación colectiva no solo apunta a los atacantes de Hamás que segaron unas 1.200 vidas y secuestraron a 251 personas, sino al vacío institucional: a la fecha, todavía no se ha establecido una comisión estatal independiente que determine cómo colapsó todo el aparato de defensa nacional.

La brecha entre el mando militar y el liderazgo político

Mientras que los altos mandos castrenses han asumido las consecuencias institucionales del desastre, el panorama en la cúpula política es radicalmente distinto. El entonces jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Herzi Halevi, reconoció públicamente su fracaso en la protección de los civiles y presentó su renuncia, paso que siguieron comandantes de inteligencia y oficiales clave como el coronel Richard Hecht. En contraste, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha evitado cualquier admisión de responsabilidad directa, trasladando la culpa a los jefes de seguridad por supuestamente no haberlo despertado en las horas críticas previas a la invasión.

Señales desoídas y una doctrina cuestionada

Con el paso de los meses, los cuestionamientos sobre qué información manejaba el Ejecutivo antes del asalto se han multiplicado. Voces críticas y familiares de víctimas recuerdan las advertencias tempranas emitidas por soldadas de vigilancia apostadas en puestos fronterizos como Nahal Oz —donde muchas jóvenes murieron tras ser ignoradas por sus superiores—, así como presuntas alertas diplomáticas regionales que la oficina del primer ministro ha catalogado como falsedades. Analistas de defensa como Yaacov Katz señalan que la responsabilidad no radica únicamente en las llamadas de última hora, sino en una política estructural de contención hacia Hamás implementada por años bajo la tutela de Netanyahu, diseñada para mantener dividida a la representación palestina y que terminó cimentando el desastre.

Un veredicto pendiente en las urnas

La negativa del oficialismo a permitir una pesquisa judicial exhaustiva, alegando un supuesto sesgo en los tribunales, ha transformado el dolor nacional en el principal eje de la contienda electoral. Figuras de la oposición como Gadi Eisenkot y el exministro Yizhar Shai —quien perdió a un hijo combatiente durante los ataques— lideran la presión ciudadana para forzar una investigación bajo juramento antes de acudir a votar. Para el electorado israelí, los comicios representan un dilema histórico: ratificar la narrativa de quien durante décadas se presentó como el garante absoluto de la seguridad nacional o pasar factura por la tragedia más devastadora que ha vivido el país.