En las concurridas avenidas de Bagdad, una escena se repite con creciente determinación: mujeres que, ante comentarios lascivos o actos de exhibicionismo, sacan sus teléfonos móviles y graban directamente a sus agresores. Esta práctica, convertida en un mecanismo de autodefensa y denuncia pública, ha transformado los dispositivos móviles en la principal herramienta de registro frente a una sociedad que históricamente ha forzado a las víctimas al silencio.

La activista Sarah Jassim ha tomado la delantera en esta cruzada digital, difundiendo en redes sociales los testimonios audiovisuales que recibe a diario. Aunque esta visibilidad ha permitido capturar a presuntos acosadores —incluyendo a miembros de las fuerzas del orden—, el costo personal es alarmante. Jassim vive hoy bajo constante resguardo, confinada en su vivienda tras recibir amenazas directas de muerte y ataques con ácido por desafiar lo que muchos sectores ultraconservadores consideran una alteración de la decencia pública.

Un sistema legal que deja desamparadas a las víctimas

El problema de fondo radica en la ausencia de un marco jurídico moderno que proteja de forma efectiva a las mujeres. En el código penal iraquí no existen tipificaciones explícitas para el acoso sexual callejero ni para la violencia de género sistemática. Por el contrario, organismos internacionales de derechos humanos han denunciado la vigencia de normativas lesivas, tales como disposiciones que exoneran a violadores si contraen matrimonio con su víctima, o beneficios penitenciarios ante los denominados "crímenes de honor".

La odisea de Amal (nombre protegido) ilustra la frialdad del sistema judicial. Durante cinco años ha librado un proceso contra su exesposo, acusado de haber ultrajado repetidamente a la hija menor de ambos a punta de pistola. A pesar de contar con pruebas médicas y peritajes de ADN concluyentes, el agresor permanece prófugo, amparado en advertencias de represalia para evitar que la supuesta «deshonra familiar» saliera a la luz. La madre afrontó el proceso sin recursos ni respaldo de su entorno más cercano, una realidad compartida por cientos de víctimas que desisten ante el desgaste emocional y económico.

Persecución letal a las voces disidentes

El activismo femenino opera en un terreno de alto riesgo. En marzo pasado, la defensora de derechos humanos Yanar Mohammed, fundadora de los pocos refugios para mujeres maltratadas en Irak, fue asesinada a tiros en las inmediaciones de su residencia en Bagdad. Informes de veedores internacionales apuntan a presiones y hostigamientos constantes ejercidos presuntamente por milicias religiosas extremistas.

Hanaa Edwar, veterana defensora de los derechos de la mujer con más de medio siglo de trayectoria, advierte sobre un notable retroceso institucional desde la caída del régimen de Saddam Hussein. La impunidad, denuncia, no solo paraliza a las víctimas, sino que normaliza el hostigamiento contra quienes alzan la voz.

La brecha entre el discurso oficial y la calle

El director del Observatorio Iraquí de Derechos Humanos, Mustafa Saadoon, subraya que la estructura estatal desalienta la denuncia formal. Al reportar un abuso, la víctima se enfrenta a trabas familiares, policiales y judiciales que buscan forzar arreglos extraoficiales para encubrir los hechos.

Desde las esferas gubernamentales, el portavoz del Ministerio del Interior, Muqdad Miri, sostiene que las denuncias de acoso dentro de las fuerzas del orden son sancionadas de forma severa y achaca la falta de querellas a las costumbres y tradiciones sociales. No obstante, las cifras oficiales apenas registran unos 300 casos anuales de agresión sexual, un número que contrasta abiertamente con la abrumadora cotidianidad de las mujeres en las calles. Pese al panorama adverso, figuras como Sarah Jassim ratifican que detener la difusión comunitaria no es una opción: ceder al miedo supondría renunciar a cualquier posibilidad de transformación estructural.