El drama de los desalojos en España ha encontrado su rostro más estremecedor en Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con movilidad reducida y un 50% de discapacidad, quien fue expulsada por la fuerza de la vivienda donde residió durante las últimas siete décadas. Su caso, acontecido en el exclusivo distrito de Retiro en Madrid, no solo provocó choques entre manifestantes y cuerpos policiales, sino que también desató advertencias ignoradas de las Naciones Unidas y un encendido debate político sobre la voracidad del mercado habitacional.

Un desalojo ejecutado entre el repudio social

El inmueble, situado en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, albergó a Maricarmen desde 1956 bajo el histórico régimen de renta antigua, pagando puntualmente alrededor de 570 dólares mensuales. No obstante, la propiedad fue adquirida hace unos años por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL (que también opera comercialmente como Urbagesa), una compañía que exigió actualizar el arrendamiento a cifras cercanas a los 3,000 dólares, una suma inalcanzable para una jubilada con una pensión de apenas 1,500 dólares. Pese a que el Comité DESC de la ONU dictó medidas cautelares para frenar la orden judicial y el relator de vivienda Koldo Casla condenó que se antepusiera el beneficio financiero a la dignidad humana, la policía dispersó un campamento solidario de 400 manifestantes y concretó la expulsión, trasladando a la anciana a un centro de salud.

¿Quién está detrás de Urbagestión?

Detrás de esta traumática maniobra se encuentra Urbagestión, una entidad fundada en octubre de 2005 en el auge de la burbuja inmobiliaria ibérica y vinculada a los empresarios Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes. Aunque formalmente está registrada como una microempresa de apenas siete empleados y con base en Madrid y Valladolid, su modelo operativo emula el proceder de los grandes fondos de inversión internacionales: adquirir propiedades, vaciarlas de inquilinos, someterlas a reformas integrales y revenderlas o rentarlas con cuantiosos márgenes de rentabilidad.

En su catálogo figuran cotizados proyectos céntricos, destacando un edificio desocupado próximo a la emblemática Gran Vía madrileña cotizado en más de 14 millones de dólares. Mientras la empresa defiende su condición de pequeño negocio local, analistas del sector apuntan que su estrategia sigue la misma dinámica especulativa que margina a los perfiles más vulnerables.

La crisis de la vivienda al rojo vivo

El episodio refleja una crisis estructural sin precedentes en el suelo español, donde en el último año los precios habitacionales escalaron más de un 12% y los desahucios superaron la barrera de los 25,000 procedimientos. En un escenario copado por fondos de capital foráneo como Blackstone, Cerberus y Goldman Sachs, y bajo la presión incesante de los alquileres turísticos, el acceso al techo se ha transformado en el mayor quebradero de cabeza para la población.

Mientras el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, catalogó el hecho de "tragedia inaceptable" y el Ministerio de Vivienda acusó a los poderes locales de facilitar el camino a la especulación, la casa de Maricarmen quedó vacía, sellando uno de los capítulos más crudos del choque entre el rendimiento financiero y el derecho elemental a un hogar.