La crisis del acceso a la vivienda en España ha cobrado un rostro imborrable. Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años convertida en estandarte de la lucha contra los desahucios tras ser expulsada del apartamento madrileño en el que residió durante siete décadas, falleció este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de la capital española, donde permanecía internada desde el día de su desalojo forzoso el pasado 23 de septiembre.

El desenlace de Abascal no solo provocó consternación inmediata entre colectivos sociales, sino que sacudió los cimientos del panorama político nacional. Su desahucio catalizó multitudinarias movilizaciones en todo el país, incluyendo un campamento de protesta en la emblemática Puerta del Sol de Madrid. El impacto del caso acorraló al gobierno del presidente Pedro Sánchez, cuyas medidas de emergencia en materia habitacional fueron rechazadas la semana pasada en el Parlamento, forzando al mandatario a convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

Un litigio de rentas y fondos de inversión

El conflicto que terminó costándole la vivienda a la octogenaria tuvo su epicentro en un piso de 92 metros cuadrados ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el céntrico y acomodado distrito de Retiro. Abascal habitaba el inmueble bajo el histórico régimen de renta antigua, amparada en un contrato que su padre había firmado en 1956 y que pasó a su nombre tras el deceso de sus progenitores. Por dicha vivienda pagaba unos 500 euros mensuales, un monto considerablemente inferior a las tasas actuales del mercado.

La situación dio un giro drástico en 2018, cuando el edificio fue vendido a la firma Renta Corporación y, posteriormente en 2020, transferido a la sociedad de inversión Urbagestión. Esta última compañía exigió una renegociación contractual con incrementos que escalaron primero a 2,650 euros y luego se fijaron en 1,650 euros al mes. Dicha exigencia superaba holgadamente la pensión de jubilación de 1,350 euros que percibía Abascal, quien trabajó durante 32 años como secretaria en la industria farmacéutica.

Una solución que llegó a destiempo

A pesar de que la justicia española respaldó a la empresa alegando la extinción de la prórroga contractual por tratarse de una segunda sucesión, la presión popular forzó a la entidad propietaria a pactar un acuerdo in extremis para permitirle regresar con una renta asequible. Sin embargo, el deterioro físico y emocional que sufrió durante la ejecución del desalojo en camilla frustró cualquier retorno.

"Lamentamos comunicar que ha fallecido Maricarmen. Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde", denunció el Sindicato de Inquilinas, organización que encabezó su defensa legal y social. El caso de Abascal deja al descubierto las profundas tensiones del mercado inmobiliario europeo, marcado por la escasez de oferta accesible, la proliferación de pisos turísticos y la creciente presión especulativa sobre los sectores más vulnerables.