Fallo histórico en La Haya: La CIJ declara a Myanmar culpable de genocidio contra la minoría rohingya

En una decisión que marca un antes y un después en el derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que Myanmar es responsable de cometer genocidio contra la población rohingya en el estado de Rakáin. El histórico veredicto, emitido en La Haya con una votación dividida de nueve votos a favor y seis en contra, convierte a este país del sudeste asiático en el primer Estado condenado formalmente por este crimen ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas.
El fallo también determinó, bajo la misma correlación de fuerzas de nueve contra seis, que el Estado birmano violó sus obligaciones internacionales al no prevenir las atrocidades cometidas contra esta minoría musulmana por particulares en connivencia con sus fuerzas de seguridad. Sin embargo, en un cargo adicional, el tribunal desestimó por 14 votos contra uno la acusación de que las autoridades promovieron públicamente la incitación al genocidio.
Alcance simbólico y límites de la justicia internacional
Para los cientos de miles de sobrevivientes que malviven en precarios campos de refugiados en Bangladés tras las violentas campañas militares desatadas en 2017, la sentencia representa una validación moral y jurídica fundamental. Es el reconocimiento formal de que la persecución, masacres y expulsiones sistemáticas padecidas no fueron simples excesos operativos, sino un plan coordinado de exterminio.
No obstante, la resolución enfrenta notorias limitaciones prácticas. La CIJ juzga la responsabilidad jurídica de los Estados y carece de facultades penales directas o mecanismos policiales para ordenar el encarcelamiento de los generales involucrados. Esa competencia recae sobre la Corte Penal Internacional (CPI), que procesa a individuos. Pese a esto, el fallo incrementa la presión diplomática internacional y servirá como insumo probatorio contundente ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otras instancias judiciales globales.
El costo político e histórico para Aung San Suu Kyi
El dictamen asesta un golpe definitivo a la figura de Aung San Suu Kyi, quien lideraba de facto el gobierno civil de Myanmar cuando ocurrieron las matanzas. La otrora laureada con el Premio Nobel de la Paz en 1991 asumió personalmente la defensa jurídica de su país ante La Haya en 2019, desestimando las denuncias sobre abusos sistemáticos y calificando los reportes como distorsiones informativas.
Aunque analistas coinciden en que la dirigente mantenía un control sumamente restringido sobre las Fuerzas Armadas dirigidas por el general Min Aung Hlaing —quien posteriormente encabezó el golpe de Estado que la derrocó y la mantiene en prisión—, su negativa a denunciar la violencia contra los rohingyas mancha de forma indeleble su legado político ante la comunidad internacional.