En un revés significativo para la administración de Donald Trump, la justicia federal de Estados Unidos ordenó restituir de manera provisional el acceso a la Casa Blanca para los periodistas de CNN, MS NOW y Politico. La decisión, adoptada por el juez de distrito Tim Kelly, sostiene que el veto impuesto por el mandatario probablemente infringe las garantías fundamentales de la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión y prensa.

Retaliación evidente frente a la labor informativa

El magistrado Kelly fundamentó su dictamen en las propias declaraciones públicas de Trump, las cuales evidencian un nexo causal directo entre las coberturas críticas y la revocación fulminante de los pases de prensa. Según el tribunal, los argumentos del mandatario dejan entrever que la medida no respondió a un protocolo administrativo estándar, sino a un castigo explícito por considerar que los reportajes de estas organizaciones eran desfavorables o contrarios a su gestión.

El dictamen desarticuló la postura de los abogados del Departamento de Justicia, encabezados por Michael Velchik, quienes intentaron justificar la expulsión bajo la amplia discrecionalidad del mandatario y supuestos motivos de seguridad nacional relacionados con coberturas delicadas. No obstante, el juez Kelly remarcó que en el expediente judicial no existe prueba alguna ni registro formal previo que demuestre que el factor de seguridad nacional impulsó originalmente la orden presidencial.

Falencias de debido proceso y precedentes legales

El caso ya había registrado un pronunciamiento previo donde se cuestionó la vulneración al debido proceso, debido a que los corresponsales fueron despojados de sus credenciales sin una advertencia formal ni reglas de juego claras. Las notificaciones posteriores enviadas por la Casa Blanca fueron desestimadas por el tribunal por considerarse extemporáneas e insuficientes para enmendar la irregularidad procesal cometida contra los periodistas.

Por su parte, Ted Boutrous, abogado en representación de los medios afectados, celebró la resolución judicial y enfatizó que el veto constituyó un ataque frontal y sin precedentes al ejercicio del periodismo independiente. Con esta medida cautelar vigente, se abre el escenario para que el Ejecutivo recurra en apelación, mientras el debate sobre los límites del poder presidencial frente a las garantías constitucionales continúa escalando en los tribunales estadounidenses.