En un movimiento que encendió de inmediato las alarmas en Washington, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se vio obligada a retirar de manera fulminante una licitación pública para arrendar dos aviones ejecutivos equipados con avanzada tecnología militar, incluyendo sistemas de mapeo láser. El plan, diseñado para mantener aeronaves disponibles las 24 horas del día con el propósito de trasladar al administrador de la entidad, Cameron Hamilton, y a su círculo cercano, fue revocado apenas horas después de haberse publicado en los portales oficiales de contrataciones del gobierno federal.

La iniciativa no contaba con el visto bueno de la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo matriz que supervisa a FEMA. Desde el DHS se ordenó de inmediato frenar el proceso, calificándolo internamente como una publicación no autorizada sujeta a medidas disciplinarias. La controversia estalla en un momento especialmente sensible, marcado por las promesas de la administración del presidente Donald Trump de reducir drásticamente el gasto público y adelgazar la estructura burocrática de las agencias federales.

Una flota paralizada y gastos millonarios

El intento de FEMA de contar con alas propias colisiona de frente con el historial reciente del DHS, entidad que ha destinado sumas astronómicas a la compra de aeronaves que hoy permanecen prácticamente inactivas:

• US$ 464,5 millones invertidos en la compra de ocho aviones Boeing 737 y dos jets Gulfstream G-650, originalmente justificados para crear una flota propia de deportación.
• US$ 380 millones adjudicados a la firma chárter Eastern Air Express para dar mantenimiento y operar dichos aparatos gubernamentales, muchos de los cuales siguen varados en hangares de Luisiana y Carolina del Norte.
• US$ 885,6 millones adicionales desembolsados durante el último año en contratos chárter para operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A pesar de esta inversión que supera los US$ 1.600 millones, el DHS ha admitido en privado ante legisladores que apenas tres de los Boeing se usarían para repatriaciones, barajando la posibilidad de destinar el resto a traslados de congresistas y altos funcionarios. De hecho, registros de vuelo confirman que uno de los lujosos Gulfstream ya ha sido utilizado para transportar a figuras de alto perfil, entre ellos el director del FBI, Kash Patel, y miembros del entorno presidencial.

Discrecrepancias operativas y crisis de liderazgo

Históricamente, los directivos de FEMA se han desplazado a las zonas de catástrofe recurriendo a la Guardia Costera, la Fuerza Aérea o vuelos comerciales regulares. Durante la gestión anterior de Deanne Criswell ya se había evaluado la compra de aviones institucionales, pero el plan se descartó categóricamente tras concluirse que representaba un gasto injustificado frente al dinero de los contribuyentes.

Tras el freno impuesto desde el DHS, Hamilton emitió un memorando interno instando a su equipo a conducirse bajo estrictos principios de juicio sensato, responsabilidad fiscal y rendición de cuentas. Sin embargo, la maniobra deja al descubierto las profundas fricciones dentro de una agencia cuya moral y plantilla sufrieron severos embates bajo la gestión previa de figuras como Kristi Noem y Corey Lewandowski, levantando serias dudas sobre la capacidad de respuesta federal ante un desastre natural de gran escala.