El panorama político e institucional en Paraguay atraviesa un momento crítico tras la solicitud formal del Ministerio Público de dictar prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña. La medida judicial se conoció apenas horas después de que el exmandatario fuera destituido mediante un juicio político y posteriormente detenido en el marco de las investigaciones vinculadas a la quiebra de Ueno Bank.

Imputación formal y desvío de fondos públicos

La Fiscalía imputó formalmente a Peña por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. De acuerdo con el expediente del caso, durante su mandato se habrían canalizado cuantiosos recursos del Estado hacia Ueno Bank, una entidad con la que se le vincula estrechamente y cuya posterior caída desató un escándalo financiero de repercusión nacional que precipitó su salida del poder.

Comparecencia bajo estrictas medidas de seguridad

El traslado del exmandatario hacia la sede de la Fiscalía General del Estado se llevó a cabo bajo un dispositivo de seguridad riguroso pero discreto, a bordo de un vehículo negro y sin esposas visibles. Las autoridades judiciales decidieron modificar a última hora la sede de su primera declaración, la cual estaba prevista inicialmente en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, con el objetivo de preservar el orden público y evitar incidentes.

Previo a su interrogatorio, Peña tuvo que pasar la noche recluido en el Regimiento Escolta Presidencial. Esta decisión se tomó luego de que grupos de ciudadanos se apostaran frente a su residencia particular para manifestar su repudio y exigir sanciones contundentes. En las próximas horas, el tribunal competente deberá determinar si acoge la solicitud del Ministerio Público y mantiene al expresidente bajo arresto mientras continúa la fase instructiva del proceso.