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Florida acelera el corredor de la muerte: récord de ejecuciones y polémicas reformas bajo el mandato de DeSantis

Publicadomié, 16 sept 2026, 10:45 a. m.
Florida acelera el corredor de la muerte: récord de ejecuciones y polémicas reformas bajo el mandato de DeSantis

El reloj de la inyección letal no se detiene en Raiford

A las 6:18 de la tarde en la Prisión del Estado de Florida, ubicada en Raiford, la justicia estatal ejecutó mediante inyección letal a Harold Gene Lucas, de 74 años. Condenado por el asesinato de la joven Jill Piper en 1976, Lucas pasó cinco décadas recluido antes de agotar sus apelaciones. Su fallecimiento no solo representó el fin del confinamiento más prolongado registrado en el corredor de la muerte estadounidense, sino que también reflejó la acelerada maquinaria punitiva que hoy distingue al estado sureño.

En lo que va del presente año, Florida ha concretado 14 ejecuciones, una cifra que supera a la de todos los demás estados de la nación combinados, dejando muy atrás a Texas, que ocupa el segundo lugar con cuatro. Este ritmo responde a la reanudación formal y constante de la pena capital tras el récord de 19 aplicaciones registrado en 2025, el nivel más alto documentado en la jurisdicción desde el restablecimiento de este castigo en 1976.

La discrecionalidad de Ron DeSantis y el pulso político

El gobernador Ron DeSantis ha tomado un papel determinante en este repunte. Bajo el marco normativo de Florida, el mandatario posee la potestad exclusiva de firmar las órdenes que fijan fechas definitivas para los condenados que han agotado sus recursos legales, un universo que ronda los 250 reclusos. Mientras que durante sus primeros cinco años de administración el uso de esta prerrogativa fue moderado e interrumpido durante la pandemia de covid-19, en la etapa final de su mandato el acelerador ha sido evidente.

Analistas y defensores de derechos civiles, como la abogada Maria DeLiberato de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), sostienen que este endurecimiento responde en gran medida a conveniencias políticas dentro de las bases conservadoras, en un contexto donde DeSantis continúa perfilándose en la primera línea del liderazgo republicano nacional. Desde el despacho gubernamental, sin embargo, se defiende que estas medidas buscan brindar un postergado cierre a los familiares de las víctimas.

Cambios legales que reducen las exigencias para sentenciar a muerte

El giro punitivo en Florida no se limita a la firma de órdenes de ejecución, sino que ha transformado el andamiaje judicial. A raíz de la sentencia a cadena perpetua dictada a Nikolas Cruz por la masacre de Parkland en 2018 —debido a la falta de unanimidad en el jurado—, el estado modificó sus leyes para requerir únicamente 8 votos de los 12 miembros de un jurado para imponer la pena capital. Esto convirtió a Florida en el territorio con el umbral más bajo de todo el país.

Asimismo, se han promovido medidas aún más controvertidas, como la aplicación automática de la pena capital a extranjeros indocumentados que sean declarados culpables de delitos tipificados como capitales. Juristas y expertos constitucionales advierten que este tipo de disposiciones contravienen la doctrina establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual prohíbe castigos automáticos y exige una evaluación individualizada de agravantes y atenuantes.

Sombras de error judicial y divisiones en la sociedad

El recrudecimiento del castigo choca con una estadística alarmante: Florida encabeza la lista de condenas a muerte erróneas en la nación, sumando 30 personas exoneradas tras pasar años tras las rejas. Sectores de la sociedad civil y portavoces conservadores, como Demetrius Minor de Conservadores Preocupados, advierten sobre la irreversibilidad del fallo estatal: ante un sistema falible, ejecutar a un inocente constituye un daño irreparable.

A la par, la Iglesia católica y colectivos ciudadanos han insistido en pedidos de clemencia que sistemáticamente quedan sin respuesta gubernamental, argumentando que la pena máxima no disuade la delincuencia e intensifica la espiral de violencia. Pese a este debate ético y a que encuestas como la de Gallup sitúan el respaldo ciudadano a la pena de muerte en su nivel más bajo en medio siglo a nivel nacional, la agenda oficial de Florida sigue firme, manteniendo plenamente activa su sala de ejecuciones.