En una jornada de alta tensión parlamentaria y social, el Congreso de los Diputados de España rechazó los dos reales decretos leyes impulsados con carácter de urgencia por el gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez. Las iniciativas, orientadas a frenar la escalada en los precios de los alquileres y contener la crisis habitacional, no alcanzaron la mayoría necesaria tras toparse con la negativa en bloque del conservador Partido Popular (PP), la bancada de Vox y el voto decisivo de Junts per Catalunya. La primera propuesta fue desestimada con 172 votos a favor frente a 178 en contra, mientras que la segunda cayó con 166 respaldos y 184 rechazos.

El revés legislativo ocurre en un contexto de creciente efervescencia en las calles. La chispa que desató una ola de manifestaciones y la reciente instalación de un campamento en la céntrica Puerta del Sol de Madrid fue el desahucio de Maricarmen Abascal, una ciudadana de 87 años que debió ser hospitalizada tras ser desalojada de la vivienda donde residió por siete décadas. Frente a esta presión popular, el primer decreto del Ejecutivo contemplaba la suspensión de desahucios hasta 2030, límites directos a los aumentos de alquiler, restricciones severas a las compras especulativas por parte de fondos de inversión e incentivos fiscales para arrendadores. La segunda pieza legislativa buscaba establecer la renovación automática de los contratos vigentes.

Cruce de acusaciones en el hemiciclo

Durante el cierre de las discusiones, el presidente Pedro Sánchez intervino de manera imprevista desde la tribuna para pedir a los legisladores que dejaran de lado las banderas partidarias y priorizaran el alivio de las familias vulnerables, admitiendo que las medidas no resolverían el problema estructural de fondo, pero servirían como paliativo urgente. No obstante, las bancadas opositoras mantuvieron su rechazo. Desde Junts, la portavoz Miriam Nogueras denunció supuestos chantajes ideológicos y sostuvo que la normativa dejaba vacíos que perpetuaban la especulación. A su vez, Juan Bravo, en representación del PP, acusó al oficialismo de atacar las dinámicas de mercado y pretender resolver en días un deterioro acumulado durante años, postura a la que se sumó Vox bajo el argumento de que limitar precios únicamente contraerá la oferta disponible.

El dictamen desató protestas inmediatas desde las tribunas del Congreso y en sus alrededores, donde miles de manifestantes convocados por el Sindicato de Inquilinas repudiaron la votación. Su portavoz, Alicia del Río, calificó al hemiciclo de priorizar intereses rentistas sobre el derecho a un techo digno. Paralelamente, gremios como la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) y advertencias previas del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, señalaron que las medidas vulneraban principios constitucionales de seguridad jurídica y podían desestabilizar aún más un mercado inmobiliario ya sumamente tensionado.

Una crisis estructural que desafía la estabilidad política

El bloqueo de estos decretos no solo abre interrogantes sobre una eventual convocatoria a elecciones generales anticipadas, sino que expone la gravedad de un problema multifactorial que golpea con fuerza a la sociedad española. De acuerdo con cifras oficiales, el precio de la vivienda registró un incremento superior al 12% interanual en el segundo trimestre de 2026, mientras que los alquileres subieron un 4,2% en el mismo período.

El déficit habitacional del país ronda las 750,000 unidades, concentrado especialmente en las grandes metrópolis como Madrid y Barcelona, en un entorno condicionado por la escasez de suelo, el encarecimiento de los materiales de construcción y un parque de vivienda pública que apenas alcanza el 2%, notablemente distante de la media del 7% que exhibe el resto de la Unión Europea.