Histórico fallo de La Haya: La Corte Internacional de Justicia condena a Myanmar por el genocidio de los rohinyás

En una decisión que marca un antes y un después en los anales del derecho global, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que el Estado de Myanmar perpetró un genocidio contra la minoría étnica rohinyá. Con una votación de nueve a seis, el máximo tribunal de las Naciones Unidas consagró a Myanmar como el primer país declarado formalmente culpable de violar la histórica Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
El veredicto, leído por el presidente de la corte, el magistrado Yuji Iwasawa, representa la culminación de un proceso que inició en 2019 tras una demanda liderada por Gambia con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica. La resolución judicial documenta la brutal campaña militar desatada en 2017, en la que al menos 10,000 personas fueron asesinadas y más de 700,000 tuvieron que huir hacia Bangladesh, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, abusos masivos y el arrasamiento de aldeas completas con civiles quemados vivos dentro de sus hogares.
El reto de demostrar la intención genocida
El aspecto técnico más relevante del dictamen recae en la demostración del dolo genocida, el listón probatorio más alto y complejo de la justicia internacional, concebido tras el Holocausto nazi bajo la visión de juristas como Raphael Lemkin. Ante la imposibilidad recurrente de encontrar órdenes directas por escrito, el tribunal determinó que la intención criminal puede y debe inferirse a partir de patrones sistemáticos de conducta desplegados sobre el terreno.
Especialistas en derecho internacional, como la catedrática Janina Dill de la Universidad de Oxford, han subrayado que esta interpretación es determinante: el tribunal dejó claro que, aun cuando un Estado alegue razones de contrainsurgencia o legítima defensa, las atrocidades no quedan exentas si la totalidad de las evidencias demuestra que la aniquilación parcial o total del grupo era parte ineludible del objetivo estatal.
El inevitable eco diplomático y el caso de Gaza
Aunque cada litigio se evalúa bajo sus méritos particulares, el fallo ha sacudido de inmediato las expectativas en torno a otros expedientes de alto perfil, en especial la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la misma corte por las operaciones militares en la Franja de Gaza. Juristas presentes en La Haya, como el británico Philippe Sands, advirtieron que la ratificación del estándar probatorio mantiene jurídicamente abierta la viabilidad de la querella sudafricana.
No obstante, la diplomacia de las grandes potencias no ha tardado en reaccionar con recelo. Desde Washington, figuras como el embajador Mike Waltz instaron previamente a no flexibilizar el umbral de genocidio, buscando blindar de cuestionamientos futuros las operaciones de tropas occidentales y aliadas, al tiempo que criticaron a magistradas del tribunal, entre ellas la jueza Navi Pillay.
Un alivio moral frente a los límites de la fuerza vinculante
Para el más de un millón de rohinyás hacinados en los precarios campos de refugiados en Bangladesh, la noticia fue recibida con lágrimas y júbilo, aunque la decisión no se traduce de inmediato en una mejora material de sus condiciones. La corte ordenó reparaciones e indemnizaciones integrales, pero carece de un brazo ejecutor para obligar a la junta militar birmana a acatar la orden.
Si bien el Reino Unido ha solicitado medidas urgentes en el Consejo de Seguridad de la ONU y ordenó la expulsión del agregado de defensa de Myanmar en Londres, cualquier resolución contundente corre el riesgo casi seguro de ser neutralizada por el poder de veto de China o Rusia. A pesar de estos límites geopolíticos, el fallo de La Haya revitaliza el principio de que la fuerza militar contra poblaciones indefensas no puede escudarse para siempre en la impunidad soberana.