Una profunda ofensiva federal impulsada bajo el estandarte de la integridad electoral movilizó a investigadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para escudriñar decenas de millones de registros electorales, con la meta de ubicar a supuestos votantes no ciudadanos y rastrear a las entidades que facilitan su empadronamiento.

Informes internos obtenidos a través de la organización cívica Democracy Forward exponen las dimensiones de esta estrategia ejecutada por la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). El proyecto, concebido como un plan nacional escalonado, abarcó desde el acopio y cruce masivo de información hasta labores de campo e indagatorias sobre organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover la participación electoral.

Un barrido masivo de datos electorales

El alcance de la recolección de información alcanzó cifras monumentales. Un reporte fechado a inicios de junio documenta el procesamiento de 50.6 millones de registros provenientes del Departamento de Justicia, a los que se sumaron otros 48.4 millones de registros suministrados por Heather Honey, asesora principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Dichos datos adicionales procedían de lo que el expediente cataloga como "fuentes independientes", sin precisar su origen exacto ni detallar qué tipo de datos personales contenían.

Honey, cuyos análisis previos habían sido respaldados por el círculo del expresidente Donald Trump tras cuestionar los comicios de 2020, desempeñó un rol determinante en la articulación de estos esfuerzos a nivel federal, coordinando la distribución de reportes periódicos de inteligencia electoral entre distintos despachos del DHS.

Lupa sobre las organizaciones y planes de infiltración

Lejos de enfocarse únicamente en electores individuales, la HSI adoptó un modelo de pesquisa basado en redes, poniendo el foco sobre la estructura organizativa y logística de entidades comunitarias en estados clave como Pensilvania, Nueva Jersey y Ohio. Los investigadores evaluaron la posibilidad de desplegar agentes encubiertos para infiltrar aquellas entidades bajo sospecha de inscribir a personas sin estatus legal, con el propósito de recolectar pruebas materiales y rastrear sus fuentes de financiamiento.

A pesar del despliegue, múltiples revisiones no arrojaron evidencias concluyentes de delito. Decenas de organizaciones examinadas en Nueva Jersey fueron descartadas por falta de elementos sospechosos, no se identificaron anomalías financieras relevantes en entidades comunitarias y varios casos en Ohio terminaron archivados. No obstante, las presiones federales continuaron en jurisdicciones como el condado de Franklin, Ohio, culminando con el allanamiento a sedes comunitarias como la Ohio Organizing Collaborative.

Desde sectores defensores de los derechos civiles, la operación ha despertado fuertes críticas. Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, denunció que la iniciativa desvirtúa el principio democrático fundamental, transformando las herramientas del Estado en un mecanismo de intimidación y selección de votantes.