La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una nueva acusación formal contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan ahora cargos adicionales por conspiración para cometer tortura, derivados de las presuntas vejaciones y abusos sistemáticos perpetrados contra ciudadanos estadounidenses y otros prisioneros que estuvieron recluidos en centros de detención del país suramericano durante su mandato.

De acuerdo con los documentos judiciales presentados ante el tribunal, los fiscales sostienen que desde su llegada al poder en 2013, Maduro no solo autorizó el uso directo de castigos corporales y tratos crueles, sino que también diseñó y supervisó un aparato de represión institucionalizado. Dicha estructura se empleó tanto para callar a la disidencia política local como para retener indebidamente a más de una decena de estadounidenses, utilizándolos como moneda de cambio geopolítica.

Un patrón documentado de abusos y crueldad

El expediente judicial expone detalles alarmantes sobre los métodos de coacción aplicados en instalaciones estatales, particularmente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Los testimonios y evidencias describen golpizas con objetos contundentes, descargas eléctricas continuas, simulación de ahogamiento (waterboarding), violencia sexual simulada y confinamiento en aislamiento prolongado.

Entre los casos que sustentan la acusación figuran las vivencias de los exmilitares y contratistas Matthew Heath y Osman Khan —liberados mediante un canje en 2022—, así como de los conocidos como "los 6 de Citgo", ejecutivos del sector petrolero detenidos arbitrariamente en 2017 y privados de libertad durante casi un lustro bajo condiciones extremas de reclusión.

Estatus procesal y defensa legal

Actualmente, tanto Maduro como Flores permanecen recluidos en Nueva York sin derecho a fianza, tras haber sido apresados en enero durante un operativo especial en Caracas. Ambos se han declarado inocentes de las acusaciones previas de narcoterrorismo. Mientras la defensa de Flores prepara una solicitud de arresto domiciliario previo al juicio, el equipo legal de Maduro intenta apelar a una supuesta inmunidad diplomática y procesal por actos cometidos durante su gestión presidencial, un argumento que no ha contado con el respaldo de las actuales autoridades venezolanas.