La justicia del estado de Florida dio un paso sin precedentes al emitir una orden de arresto formal contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, imputándole cargos de conspiración para cometer asesinato. La medida está vinculada directamente al derribo en pleno vuelo de dos aeronaves civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996, un trágico episodio que cobró la vida de cuatro personas.

La decisión judicial fue adoptada por la magistrada Ariana Fajardo Orshan, jueza del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras una solicitud liderada por la Fiscalía estatal y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE). Bajo las leyes locales, el cargo reviste una gravedad mayor y la orden estipula que no se concederá derecho a fianza mientras el expediente continúe abierto, sin descartar que se agreguen nuevas acusaciones en el curso del proceso.

Un reclamo de justicia tres décadas después

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien impulsó la reapertura de la causa el año pasado, sostuvo que Castro encabezaba la línea de mando que autorizó la interceptación letal. En aquella fatídica jornada de 1996, cazas militares MiG de la fuerza aérea cubana impactaron con misiles guiados a los aviones desarmados mientras sobrevolaban el estrecho de la Florida en labores de búsqueda de balseros, provocando la muerte de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.

De acuerdo con la investigación, el régimen cubano utilizó agentes encubiertos infiltrados dentro de la organización civil para obtener y transmitir los itinerarios de vuelo hacia La Habana, facilitando la emboscada. Este proceso a nivel estatal se articula de manera paralela con las acusaciones formales interpuestas meses atrás por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, robusteciendo la ofensiva legal contra la cúpula militar de la isla.

La Habana responde con dureza

La reacción desde la capital cubana no se hizo esperar. El mandatario Miguel Díaz-Canel calificó el dictamen judicial como una maniobra carente de validez práctica y jurídica, atribuyéndola a intereses políticos y electorales en el sur de Florida. A través de sus plataformas oficiales, el gobernante defendió al General de Ejército y aseguró que la medida busca justificar las presiones económicas y el embargo que pesan sobre la isla.

El anuncio judicial añade un nuevo foco de fricción en las ya deterioradas relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, coincidiendo con un contexto de severa crisis económica interna en Cuba y un endurecimiento paulatino de las sanciones internacionales sobre las principales figuras del poder político cubano.